Punta Peuco es un recinto penitenciario creado ex profeso para albergar a asesinos que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar. Por ende, la mayoría eran funcionarios de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones. Comenzó a funcionar en 1995, bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruíz-Tagle. Está ubicado en la localidad de Til Til. En 2004, se creó otro penal, el Cordillera, para derivar a reclusos, pero éste fue cerrado en 2013; los internos fueron llevados a Punta Peuco.
Estos presos reciben un trato preferencial, pues, pese a los crímenes cometidos, gozan de privilegios que no tienen otros presos. Los gobiernos de la Concertación no hicieron nada por cerrar el recinto y pasarlos a cárceles normales.
Los culpables de delitos de lesa humanidad no deben tener beneficios, como los presos comunes. Aún así, desde el 2018, el gobierno de Piñera ha tratado de liberar a estos asesinos mediante indultos. De manera solapada se han otorgando beneficios indebidos. El régimen político, curas y la burguesía han querido dar señales de «dejar atrás el pasado y mirar hacia adelante», eso sí, cuando no son ellos los perjudicados. Les sirve la impunidad. Están en deuda con los asesinos que permitieron que hasta hoy sigan en el poder.
En estos años, un pequeño virus parece que ha hecho más justicia que todo el sistema judicial chileno. Murió por el coronavirus Miguel Estay, conocido como “El Fanta”, que cumplía cadena perpetua por asesinar con un corvo a militantes comunistas, en lo que se conoció como el caso Degollados. Otro fallecido fue Jaime García Zamorano, quien participó en la exhumación e inhumación ilegal de 18 cadáveres para que no fueran encontrados, en lo que se conoció como la operación “retiro de televisores”. Otro coronel, Marco Antonio Bustos Carrasco, también murió. Fue coautor del asesinato de cinco militantes del FPMR en 1987, a quienes fueron a tirar al mar en helicóptero.
El gran problema es que un virus no hace justicia. La justicia la deben hacer los seres humanos. Se debe hacer justicia en todos los crímenes contra los derechos humanos, no sólo del pasado, sino también del presente. Y debe ser caiga quien caiga y las penas deben ser proporcionales al crimen cometido.