Horas después de que un fiscal de Puerto Príncipe solicitara una investigación en contra del primer ministro Ariel Henry, por su presunta participación en el asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado 7 de julio y solicitara la prohibición de salir del país, fue destituido.
El fiscal destituido es Bel-Ford Claude. Este había solicitado al juez que lleva el caso por magnicidio, Garry Orélien, que abriera una investigación contra el primer ministro Ariel Henry.
Los antecedentes con los que fundamentó su solicitud fueron las llamadas que hizo el primer ministro a un ex funcionario -Felix Badio- sospechoso de dar las órdenes para el crimen. Estas llamadas fueron hechas horas después del asesinato.
Hoy se hizo pública la decisión de destituir al fiscal. Y fue el mismo primer ministro -sospechoso de complicidad con el magnicidio- quién emitió la instrucción. En una comunicación oficial, el gobierno justifica el despido por una supuesta “falta administrativa grave” cometida por Claude.
La semana pasada, el fiscal ya había enfrentado una polémica relacionada con esta imputación, pues había citado a Henry a comparecer para dar testimonio sobres los hechos.
En la ocasión, el fiscal fue desacreditado públicamente por el primer ministro, quien indicó que sólo el juez Oréline tiene la potestad para llamar a declarar a testigos o imputados o para decidir quién es sospechoso del asesinato.
En esta trama estamos lejos de saber quién es el malo y quién, el bueno, y si existe tal cosa. Lo que sí sabemos es que es una trama oscura, donde mercenarios gringos y colombianos, agentes de la DEA y el FBI y mucho dinero e intereses se mueven en un escenario-país eternamente castigado.