“Es la segunda vez que la expresidenta de facto pide la intervención de la CIDH (…) y en este caso ha utilizado un mecanismo vinculado a su salud. No obstante, estamos cumpliendo con todos los estándares de una detención preventiva, y siendo muy escrupulosos en el cuidado de la salud de la privada de libertad”, señaló Wilfredo Chávez, procurador general de Bolivia en una misiva oficial al organismo.
El gobierno boliviano redundó en darle tranquilidades a la CIDH sobre la situación de la evangélica golpista señalando hay una “la ausencia de requisitos de gravedad, urgencia y riesgo de daños irreparables», ni “ningún otro elemento que fundarían una solicitud requerida por las peticionantes”.
El recurso ante la CIDH fue presentado a nombre de Áñez y de su hija Carolina Rivera. Ambas están imputadas de graves delitos en el marco de las investigaciones por sedición, golpismo y otros contra el gobierno de Evo Morales en noviembre de 2019.
Chávez además informó que el 7 de septiembre pasado, una junta médica, en la que participó el médico de confianza de Áñez, concluyó que no existía el riesgo alegado como «urgente» en la petición a la Corte.
Luis Guillén, uno de los abogados de la golpista, había fundamentado la solicitud con supuestas «amenazas, hostigamientos y agresiones” contra la vida e integridad física de Áñez y lo que considera «la falta de un acceso a un tratamiento médico adecuado”.