Hasta ahora, la presidenta de la convención constitucional, Elisa Loncón, había sido presentada como una expresión del pueblo mapuche y, en general, de los pueblos originarios. Amable, conciliadora, integradora e integrada: posee grados académicos y múltiples nexos con los partidos del régimen. En suma, un rostro aceptable, plurinacional e intercultural.
Pero este lunes, llegaron el Queipul y su gente a Santiago o, como dicen ellos, “el lugar actualmente conocido como Santiago”. No están felices estos mapuche con sus representantes en la convención. Dicen que se han vendido a la institucionalidad y que están negociando las demandas del pueblo mapuche por un plato de lentejas.
Quisieron hablar con el vicepresidente de la convención, Jaime Bassa, y entregarle una carta. Mientras esperaban, los muchachos chocaban los wiños y, en general, hacían harto alboroto en la calle. En el intertanto, llegó al recinto la machi Francisca Linconao quien también fue objeto de críticas por su rol en la convención.
Mientras, en el edificio, los directivos de la convención debatían qué hacer ante la manifestación poco amistosa. Bassa finalmente optó por el recurso más barato de un burócrata de cuarta, lo que haría un seremi subrogante: “puedo recibirlos, pero no a todos”. Máximo cuatro personas. Por lo del aforo.
Que adentro se juntan normalmente hartos más, que tienen unas salas bien grandes para las comisiones y reuniones, no importó. A la gente de Temucuicui, tampoco. Dejaron su carta y se fueron, no sin antes indicar que consideraban “cómplices de la represión” a los constituyentes mapuche.
La manifestación es significativa. Deshace la pretensión de que existe una representación diáfana, en este caso, del pueblo mapuche en la convención.
Pero es muy posible que los jefes políticos constituyentes no le hayan dedicado suficiente reflexión a ese fenómeno. Están demasiado concentrados en el “control de daños” del caso Rojas Vade.
Por alguna razón, los más golpeados con las revelaciones no son los compañeros de Rojas, la antigua Lista del Pueblo, sino el “nuevo centro” de la convención, la coalición comandada por el Frente Amplio y la antigua Concertación, que hace pactos, ora a la izquierda, ora a la derecha. Los acuerdos importantes, sin embargo, son con los pinochetistas.
Justamente, el principal acuerdo, el del reglamento de la convención, está en tabla ahora. La propuesta del “nuevo centro” busca limitar el riesgo de que se impongan cambios verdaderos. Lo hace en la forma y en el fondo. Refrenda el quórum de dos tercios, inhibe la participación popular autónoma, limita las materias que puede tratar la convención, y somete el debate de las normas constitucionales a un procedimiento parlamentario tradicional, diseñado a componer y controlar las propuestas que se salgan de lo establecido.
¿Temerán que todo se deshaga? El “nuevo centro” sólo puede imponer sus posiciones si puede operar entre la izquierda y la derecha. Si la izquierda se deshace, como ha ido ocurriendo, menos margen de maniobra y negociación tienen con la derecha.
Y la historia del “Pelao Vade” agita a ambos extremos por igual. Sus compañeros se sienten golpeados y desconcertados, la derecha, envalentonada. El espacio del centro se achica. A ese margen, ellos le llaman, en su infinito egocentrismo, “la legitimidad de la convención”. Por eso, la mesa directiva osciló entre la “comprensión” humana de la situación de Rojas, y los llamados a condenarlo “categóricamente”.
En medio de la presión, decidieron enviar los antecedentes al Ministerio Público. “Dejemos que las instituciones funcionen”, declaró el vicepresidente Bassa. La referencia a la famosa frase de Ricardo Lagos demuestra su ineptitud política. En boca de Lagos, era una cínica confirmación de que el escándalo de turno que se quería tapar, estaba bajo control.
Pero, a diferencia de Lagos, los Bassa y Loncón, los nuevos centristas de la convención, no controlan las instituciones. Cada una hace lo que quiere.
Y el Ministerio Público, amenazado desde distintos flancos, decidió hacer un punto con la convención. El fiscal a cargo despachó órdenes de ubicar e interrogar como imputado a Rodrigo Rojas y, como testigos, ¡a Bassa y a Loncón!
¿Para qué interrogarlos? ¿Qué información podrían aportar en una etapa tan inicial de la investigación?
Tampoco se molestó en pedirles una entrevista y hacer las preguntas personalmente, como se estila cuando se trata de autoridades, sino que, simplemente, les mandó a la PDI.
Y, además, ofició a la Contraloría que entregue todos los antecedentes que tenga sobre el caso. Otra provocación más: la Contraloría no tiene atribuciones sobre la convención, tampoco sobre las declaraciones de patrimonio de los constituyentes. Así lo ha confirmado el propio organismo. El fiscal, sin embargo, decidió ignorar el status de la convención, como si fuera un club de debate privado.
¡Brillante resultado! El nuevo centrismo, nervioso y bajo presión, quiso tirar la pelota al corner. En cambio, ahora deben formarse, con las manos cubriendo las partes más sensibles, para enfrentar un tiro libre en la boca del área.
La anulación de la convención constitucional como una representación democrática de las demandas populares, expresadas, no en el levantamiento popular del 18 de octubre, sino en el plebiscito de 25 de octubre de 2020 y en las elecciones de mayo del 2021, al final, se vuelve en contra de sus propios promotores.
Es el drama histórico que viven los centristas, especialmente los “nuevos”, en las grandes épocas de cambio.