Ya lo había intentado antes y no pudo. Ahora lo intentará de nuevo. Para ello debió haber hecho extensas consultas a los países que formaran parte de la gira de Piñera, España, Francia, Italia y Reino Unido, con tal de descartar cualquier problema o riesgo. Amnistía Internacional envío cartas a los mandatarios de esos países alertándolos de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile y de posterior impunidad.
Sin embargo, Piñera va a estar a salvo. Las representaciones públicas, las protestas en contra de su presencia, no lo pondrán en peligro.
Contrario a lo que se afirma, los derechos humanos no son una ley universal. Eso no necesita demostración. Pero tampoco son una simple declaración.
Es interesante, ya que el viaje de este responsable de graves crímenes incluye a Francia, volver a los orígenes de la idea de los derechos humanos.
En la Declaración del Hombre y del Ciudadano, de 1789, se sostiene en su artículo segundo: “La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescindibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”. En el artículo número siete, agrega: “Todo aquel que promueva, solicite, ejecute o haga que sean ejecutadas órdenes arbitrarias, debe ser castigado”. Y en el artículo número 12: “siendo necesaria una fuerza pública para garantizar los derechos del hombre y del ciudadano, se constituirá esta fuerza en beneficio de la comunidad, y no para el provecho particular de las personas a las que ha sido confiada”.
Esa declaración hoy es sólo citada como una referencia histórica. Pero tiene más validez que pactos internacionales suscritos por el Estados, pues al mismo tiempo de ser la proclamación de un derecho «natural e imprescindible», es decir no perteneciente al Estado, fue, en sí misma, un acto revolucionario.
La vulneración de los derechos de los chilenos en estos últimos años alcanzó su punto más alto con la presidencia de Piñera. En el levantamiento popular del 18 de octubre, en su afán de salvarse como sea, transgredió los derechos “naturales e imprescindibles” y formales y legales de nuestro pueblo.
Mató, torturó, encarceló y reprimió a ciudadanos; defendió el actuar ilegal de Carabineros; junto al Poder Judicial persiguió y castigó a los ciudadanos; dejó en la impunidad crímenes de agentes del Estado en contra de personas; impulsó el actuar violento y descontrolado de las Fuerzas Armadas; coludido con los partidos políticos del régimen sacó leyes arbitrarias para reprimir la protesta social; utilizó el estado de excepción para mantenerse en el poder.
Más que alentar o creer que los países que visite en Europa harán algo contra un criminal que vulnera los derechos humanos de su pueblo, es dable entender que cualquier castigo a este personaje y sus esbirros, sólo puede ser hecho por los propios chilenos.
Ya pasó la época en que se hacían comisiones para investigar crímenes y dejaban impunes a los culpables o que se le temía el poder de las Fuerzas Armadas o en que el régimen político tendía un velo sobre la verdad para mantener la “paz social”. Eso no va más.
En un nuevo país, se tiene que imponer la verdad. El castigo debe ser proporcional al daño que le haya causado al pueblo, ya sea a los autores directos de los crímenes, ya sea los autores intelectuales.
Piñera deberá comprender que no se salvará de la justicia de nuestro pueblo, porque las ofensas en contra del pueblo, en contra de la humanidad, son imprescriptibles.