Había sido uno de los temas incluidos en el informe de comisión de derechos humanos de la convención constitucional. La propuesta de eliminar el secreto, por 50 años, a los antecedentes recogidos por la comisión Valech quema como una llama.

No es raro, porque apunta a la complicidad de la Concertación con los criminales de la dictadura: el intento de imponer un pacto de silencio general para asegurar la impunidad de los torturadores.

Y esa fue la razón porque reapareció el expresidente Ricardo Lagos y responsable político de esa misma política. Lo de “reaparecer” es una forma de decir. Lagos ha hecho diversos pronunciamientos sobre distintas materias de su interés, en particular, de su descubrimiento -al parecer, reciente- de la internet, que califica como una “revolución digital”.

Pero en esta ocasión fue rápido. Escribió una carta, junto a otros partícipes de la comisión Valech, en que señala que “hacer una cosa así, creemos que afectaría gravemente la fe pública y defraudaría a las propias víctimas y familias. Las atrocidades y vejámenes sufridos traspasaron todo respeto y racionalidad contra las víctimas, todas quienes merecen aún y por siempre la protección del propio Estado que en su tiempo les atacó”.

La misiva agrega que “un número importante de las victimas presentaron sus testimonios, sabiendo que sus casos no serían develados al público, incluyendo las formas de ejecución de los tormentos que sufrieron”.

Y sigue: “las víctimas, muchas fallecidas y entre las que viven, en su gran mayoría ya adultos mayores, merecen que se les respeten sus dolores, al igual que sus cónyuges, parejas, hijos e hijas, nietos y nietas, que en muchos casos no han conocido por años de los tormentos sufridos por sus familiares directos”.

Todo eso es mentira.

La comisión Valech, la que recogió los testimonios, fue creada por decreto supremo en septiembre de 2003. No contenía mención a secreto alguno. Más de un año después, en diciembre de 2004, cuando esa misma comisión había presentado su informe, el gobierno ingresó una iniciativa al Congreso que otorgaba medidas de reparación a las víctimas reconocidas en ese informe ya terminado, con los testimonios ya otorgados.

Y ahí sí se impuso el secreto. De hecho, tan importante era ese secreto, tantas las contorsiones para justificarlo, que el mensaje del proyecto dedicó dos páginas para describir las reparaciones que se entregarían y tres, para fundamentar la necesidad de que los testimonios fueran secretos.

La ley fue aprobada en tiempo récord, por unanimidad en la Cámara de Diputados, con sólo tres votos en contra en el Senado. Estaba todo arreglado.

Por ende, es mentira que alguien declaró sólo bajo la condición del supuesto secreto que no existía mientras funcionó la comisión.

Además ¿el señor Lagos y los demás firmantes de la carta creen realmente que alguien que quisiera enterrar el horror vivido en lo más profundo de su ser, que no quiere que nadie sepa lo ocurrido, ni siquiera sus más cercanos, iría a sentarse frente a unos abogados y psicólogos recién graduados, muchos de ellos de la Universidad Católica y completamente ajenos a los sufrimientos del pueblo, para contarlo todo?

¿Qué se cree este desgraciado? ¿Qué se creen estos “expertos” y “notables”?

El secreto no tiene nada que ver con la protección de los recuerdos personales, con la privacidad ni la esfera íntima. Nadie ha propuesto su divulgación pública indiscriminada.

El secreto que impuso Lagos, en conjunto con la Concertación y el pinochetismo, es el encubrimiento de los antecedentes que permitan perseguir a los responsables de la prisión y la tortura, los dos temas de la comisión. Es el secreto que protege a jueces, funcionarios civiles, policías, militares, agentes de potencias extranjeras y a particulares, que realizaron la represión.

Lo dice la propia ley 19.992, en su artículo 15: “ninguna persona, grupo de personas, autoridad o magistratura tendrá acceso” a los testimonios. En otras palabras, es secreto para la justicia. Quienes conocen ese secreto están obligados a guardar silencio, incluso como testigos ante un tribunal; quienes lo divulguen serán perseguidos con cárcel.

La importancia de la comisión Valech radica, desde el punto de vista del esclarecimiento de los crímenes cometidos en que, no un testimonio particular, no un dato específico de un represor, sino el conjunto de la información aportada, permite crear un cuadro completo del aparato de la masacre y la tortura que rigió en la dictadura.

Y ese aparato es el que Lagos y compañía están determinados en proteger mediante un pacto mafioso del silencio. Los asesinos y criminales que han sido condenados y cumplen penas en Punta Peuco representan sólo una fracción de esa maquinaria. Son, por así decirlo, piezas aisladas. Todos los demás, insistimos, jueces, funcionarios civiles, particulares, militares, policías, agentes de potencias extranjeras… siguen libres; siguen, muchos, activos en posiciones de poder, amparados por el secreto.  

Que se pretenda usar como pretexto, como manto protector, lo horroroso de los propios crímenes refleja la ausencia de toda decencia.

El señor Lagos no podrá nunca, ni con la mentira injuriante, lavar su responsabilidad en todo esto.