Desde el 2019, América Latina ha sido el escenario de un proceso que se enmarca en la lucha de clases mundial. Manifestaciones, huelgas, movilizaciones, marchas, levantamientos y revueltas han sacudido a diversos países del continente.
No se trata de hechos circunstanciales ni de estallidos espontáneos. Menos fueron ataques de enemigos externos, como alegan los gobernantes que son el blanco de las protestas. Es el hastío de la población a décadas de enriquecimiento de las burguesías locales, a la depredación de los recursos naturales, a la degradación de la educación, de los sistemas de salud, de pensiones de hambre y una infinidad de privaciones que deben soportar los trabajadores.
Es una confrontación de clases, la burguesía hace todo lo que puede para impedir que el pueblo tome el poder.
En Ecuador, en 2019, el gobierno de Lenin Moreno mató a 11 personas e hirió a miles que protestaban contra la eliminación de un subsidio a los combustibles. En Bolivia, ese mismo año hubo un golpe de Estado contra Evo Morales. El gobierno de facto de Jeanine Añez mató a 38 personas y cerca de mil heridos. En Chile, en octubre del 2019 el gobierno de Sebastián Piñera mató a cerca de 40 personas y hubo miles de heridos. En Colombia, en abril del 2021 el gobierno de Iván Duque mató a cerca de 50 personas y nuevamente causó miles de heridos.
Hay similitudes en la forma de enfrentar las manifestaciones del pueblo. En todos los casos se convierte a la policía en una fuerza represiva en contra de la población, y en todos los casos se emplea a las fuerzas armadas como brazo militar del régimen político.
Esas fuerzas armadas saben a ciencia cierta que su enemigo no son los ejércitos de los países limítrofes. Su enemigo es interno. Es el pueblo.
De hecho, tienen más relaciones entre ellos -en sus cursos en Estados Unidos, en sus incursiones en Haití, en ejercicios y operaciones conjuntas- que con la población que juraron defender.
Y aquí está la madre del cordero, como dicen.
En Bolivia, el gobierno de facto sólo pudo hacer frente a las manifestaciones multitudinarias con el apoyo en armas y municiones de los gobiernos de Macri, Argentina y Moreno, de Ecuador.
Macri envió 40.000 cartuchos de balas de goma AT 12/70, 18 gases lacrimógenos en spray MK-9, cinco gases lacrimógenos en spray MK-4, 50 granadas de gas CN, 19 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC. Moreno envió 5.000 granadas de mano, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 milímetros, 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 milímetros y 500 granadas de sonido y destello para exteriores. Esto es sólo el detalle de los envíos que se ha descubierto hasta el momento.
Para hacer frente a las manifestaciones en su contra, Lenin Moreno recibió ayuda en armamento de Duque en Colombia y Vizcarra en Perú. Duque envió 19.150 cartuchos de gas CS 37 y 40 milímetros, granadas de gas, granadas multiimpacto CS/OC y fusil lanza gas cóndor. Vizcarra envió granadas y cartuchos lacrimógenos (7.000), así como perdigones de goma (5.000).
Todo esto avalado por sus respectivas fuerzas armadas.
En levantamiento popular que tuvo que enfrentar Duque en Colombia, fue ayudado por Moreno que envío 5.500 granadas de gas lacrimógeno «de triple acción», 9.500 proyectiles de largo alcance lacrimógeno 37/38 milímetros, 12.500 proyectiles de corto alcance lacrimógeno 37/39 milímetros y 7.500 cartuchos de propulsión de carga múltiples.
No sólo ha habido una connivencia política entre gobiernos derechistas. Hay un sistema de complicidad y colaboración entre fuerzas armadas y sus supuestos oponentes. Este tipo de cooperación, fundada en la doctrina estadounidense del enemigo interno, fue la regla en las décadas del ’70 y ’80, cuando en el continente reinaban las dictaduras militares.
Queda claro que cualquier transformación social y política debe centrarse en reemplazar estas fuerzas armadas, cuya disposición y capacidades están dirigidas en contra de la población civil de sus propios países, por ejércitos cuya doctrina sea la defensa del pueblo y de nuestra América.