En un comunicado, el Banco Central justificó la medida, que sorprendió a los observadores, con la existencia de “desequilibrios macroeconómicos” y el riesgo de un aumento de la inflación.
El instituto emisor calificó de “factores idiosincráticos” la entrega de bonos estatales como el IFE o la posibilidad de que se apruebe un cuarto retiro de los fondos de pensiones.
La decisión ocurre luego de que el crecimiento de la actividad económica fuera más pronunciado de lo esperado en el último trimestre. Los consejeros del Banco Central apuntaron al aumento del consumo y anotaron que el mercado laboral “sigue afectado por fuerzas contrapuestas, aunque con mejoras en los últimos registros y la evolución de los salarios es coherente con una creciente escasez de mano de obra.”
Así es.
El aumento de las tasas de interés busca frenar la expansión de la economía e impedir que, en esas circunstancias, los trabajadores mejoren su posición relativa. El efecto de un “enfriamiento” es un aumento del desempleo, que permitiría a los empleadores presionar los salarios a la baja.
El argumento de que, con esa medida, se puede frenar la inflación desconoce un hecho fundamental. El aumento de los precios sigue a importantes factores externos: el alza del petróleo y otras materias primas, de los productos alimenticios, el alza en los precios de equipos y maquinaria, entre otros. Es dudoso, para decirlo suavemente, que la decisión del Banco Central de Chile tenga algún efecto en esas tendencias mundiales.
Al revés, se trata de un aspecto de una política económica que viene siendo exigida por el gran capital: el ajuste como respuesta a la crisis post pandemia que se avecina.
Hasta ahora, los efectos económicos de la disrupción económica causada por la pandemia y, además, por el descenso económico que ya se había iniciado a mediados del 2019, han sido amortiguados por enormes cantidades de dinero que han sido traspasado del Estado a las empresas en forma de créditos y subsidios. El consumo interno también ha sido estimulado por el efecto de los bonos del IFE, pero, sobre todo, por los sucesivos retiros del 10% de los fondos de las AFP.
En ese proceso, el fisco ha ido aumentando el endeudamiento externo y ha echado mano liberalmente a los fondos públicos invertidos en el exterior.
Las crisis post pandemia consiste en el fin de esos amortiguadores. El capital financiero exige un ajuste: que cierren las empresas quebradas, pero que se mantienen funcionando artificialmente; que aumente el desempleo como mecanismo de bajar los sueldos: y que se reduzca el gasto fiscal, es decir, las ayudas sociales y los recursos destinados a salud, educación, vivienda, etc.
El objetivo de toda política ajuste es siempre aumentar la tasa de ganancia de los capitalistas y asegurar los rendimientos del capital financiero mediante, en última instancia, un Estado solvente. A falta de otras vías posibles, eso solamente se puede lograr aumentando la explotación de los trabajadores.
Lo que está en disputa hoy es si esa política se aplica en modo de shock o “gradualmente”. Desde el punto de vista del capital, la gradualidad tiene el riesgo -porque se prolonga en el tiempo- de que abra la posibilidad de una respuesta social frente las medidas hambreadoras.
El shock, en cambio, significaría el intento de resolver de una vez -y a costa del mayor sacrificio posible- la situación de dualidad de poderes entre el capital y los trabajadores que se inauguró con el levantamiento popular del 18 de octubre.
La decisión del Banco Central es más “señal” que otra cosa. Pero es una señal en favor del shock y está dirigida, principalmente, al gobierno, que se debate entre salvarse hasta marzo o arriesgarlo todo… de nuevo
Pero para los trabajadores también debería ser una señal -y bastante ominosa- de que deben incrementar su organización y su lucha, proyectándola a grandes jornadas nacionales en pos de las demandas populares.