Las declaraciones del magistrado Daniel Urrutia ante la subcomisión de Derechos Humanos de la Convención Constituyente ha generado un nuevo rasgar de vestiduras al interior del poder judicial. Y obviamente dividen, en dos bandos al menos, a quienes pertenecen a uno de los sectores privilegiados del orden burgués: los jueces. Los que le apoyan, y los que quieren sacrificarlo.
“El poder judicial ha servido como parte del dispositivo de represión al avalar y justificar la represión a través de procesos basados en evidencias inventadas o de pésima calidad, lo que quedó claramente demostrado en el contexto del estallido social”, declaró en su exposición de más de 40 minutos el magistrado del 7° Juzgado de Garantía de Santiago.
Para fundamentar su acusación, citó el hecho de que la Corte de Apelaciones de Santiago había rechazado o declarados inadmisibles casi todos los recursos de amparo y de protección que se presentaron en los dos primeros meses de la revuelta social de 2019.
Irredargüible afirmación que confirman los obcecados hechos: Entre el 21 de octubre y el 31 de diciembre de 2019, el tribunal de alzada de Santiago recibió 25 recursos de amparo por amenaza a la libertad personal y seguridad individual. De estos, 17 fueron rechazados, 4 declarados inadmisibles y 4 se desistieron.
En el mismo período ingresaron 48 recursos de protección de derechos fundamentales, de los cuales 43 fueron rechazados y cinco declarados inadmisibles. Entre los rechazados incluso figura uno con costas. En 23 casos se apeló a la Corte Suprema, la que en 10 casos revocó la decisión de la Corte de Apelaciones y en 13 casos confirmó el rechazo inicial.
Es muy probable que por estos dichos, por muy veraces que sean, Urrutia se gane al menos una amonestación de la Corte de Apelaciones de Santiago, que le tiene, según los mal hablados, muchas ganas al juez Urrutia. Sólo Luke Skywalker sale bien parado si ataca en solitario a la estrella de la muerte.
Para echarle más leña a la hoguera, Urrutia recordó ante la Convención, que durante la dictadura casi todos los jueces encubrieron ya por acción ya por omisión crímenes de lesa humanidad. Y se lanzó con un ejemplo: la ministra Rosa Egnem, en 1978 admitió haber ocultado información sobre la masacre de Laja ocurrida el 18 de septiembre de 1973. En ese hecho civiles y Carabineros ejecutaron a 19 trabajadores de la CMPC, del grupo Matte.
A algunos podrá parecerles, en modo liberal, que bien podrían los magistrados, especialmente los de la Suprema permitirle al díscolo Urrutia sus aseveraciones, considerando que ninguno de ellos es demasiado tímido o recatado a la hora de vertir sus propias opiniones ante la prensa. Pero esta forma de plantear el problema, es cuando menos ingenua, y en todo caso errada.
Daniel Urrutia, es miembro del poder judicial, y el poder judicial es parte del régimen. Y el régimen a través de este poder del Estado, escarmienta a los presos políticos de la revuelta, con prisiones preventivas que se alargan injustamente y con penas ominosas. En tanto aplica guante de seda a los políticos corruptos, a los empresarios ladrones, a los miembros de las fuerzas armadas que han esquilmado el erario público. Y, definitivamente no se dedica a premiar a los jueces que atornillan al revés.
Mientras la burguesía presiona desde afuera y desde adentro cierra filas en el poder judicial para sancionar a Urrutia, una parte de la intelectualidad pequeño burguesa, siempre pusilánime, también denosta el actuar de Urrutia escudado en argumentaciones como la protección de la independencia del poder judicial sosteniendo como deseable el «supuesto alejamiento respecto de los «temas políticos contingentes». El sumun de la hipocresía. Ya sabemos que cuando el poder judicial en Chile necesita defender el régimen del cual son parte, no teme cruzar valla alguna.
Lo cierto es que Urrutia ya ha sido sancionado en otras oportunidades, recordemos que a mediados del año pasado, a propósito de los confinamientos de la pandemia, el juez rebajó las medidas cautelares de 13 jóvenes formalizados durante el levantamiento, permitiendo arrestos domiciliarios en vez de estar en la cárcel. Allí sí ardió Troya. La Corte de Apelaciones lo suspendió de sus funciones y después lo destinó al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago. No mucho después, la medida de la Corte debió ser anulada, con la confirmación de la jueza Carla Cappello, quien sostuvo la rebaja de las cautelares de los 13 de la Primera Línea.
Habrá que ver cómo enfrentan ahora al juez quien afirmó que el poder judicial chileno era una institución que históricamente ha estado al servicio de las elites del país, generando así “una justicia autoritaria, colonialista, racista, heteropatriarcal, machista y clasista”. El escándalo al interior de la derecha fue de antología. Era que no.
El arrojo del juez Urrutia es notable. La justicia en Chile sigue siendo lo que es, porque es una justicia de clase. Eso no podemos olvidarlo. Y apostamos a que Daniel Urrutia, al menos lo sospecha. Pero no se puede ser miserable con quien actúa con tamaño decoro. Por lo pronto, el pueblo observa, toma nota, y eventualmente, para la confianza y el futuro de los jueces como Urrutia, será generoso y no olvidará.