Sólo los pobres van a la cárcel

Desde siempre la justicia chilena ha sido reconocida por el pueblo como una organización que opera de manera política, clasista, racista y hasta delincuencial. En momentos que deberían ser más prudentes, porque se observan sus maquinaciones, no lo son y siguen negociando las condenas con los ricos y con los pobres solo cárcel. Un ejemplo es el del empresario Raúl Schüler.

El empresario Raúl Segundo Carlos Teodoro Schüler Gatica, estudió en el colegio Saint George, su familia materna era dueña de Rinconada de Maipú. Es un empresario agrícola y rentista inmobiliario. En resumidas cuentas, no le trabaja un día a nadie. Eso lo ha llevado a ser un coleccionista. Tiene una hacienda La Punta, en San Francisco de Mostazal, allí en el 2018 se le incautaron más de 130 obras de arte, restos arqueológicos y objetos históricos, cuya procedencia era dudosa, por decir menos. Dentro de ese lote de cosas, había estatuas del cementerio general y del cerro Santa Lucía, cofres de la iglesia de San Francisco, etc. Lo que sucedía es que eran obras de arte que pertenecían al Estado, y que habían sido mandadas a robar por encargo. El ladrón se defendió diciendo: «He gastado una brutalidad de dinero comprando todas estas cosas. Tenía un proyecto de vida y una de las maneras de sentirme realizado era dejar todo esto como herencia. Encuentro que en este país destruyen todo, no hay memoria de nada. Yo quería conservar este patrimonio arquitectónico rural para el país». Interesante discurrimiento mental, no robaba, sacó las cosas para cuidarlas y luego heredarlas a sus vástagos.

En una primera instancia, la fiscal jefe de alta complejidad en O’Higgins, habría solicitado por los delitos 15 años de cárcel. Pero lo que pasó posteriormente es interesante, pues tres años después, el Juzgado de garantía de Graneros lo condenó en juicio abreviado a la pena de 3 años y un día y a 541 días de presidio con beneficio de libertad vigilada intensiva y al pago de 100 UTM, por el cargo de receptación y daño patrimonial de monumento paleontológico.

En el otro extremo, está el profesor Roberto Campos, quien el 17 de octubre del 2019 rompió un torniquete de la estación San Joaquín, en Santiago. Fue detenido, estuvo dos meses detenido. La pena que pide la fiscalía es de 8 años, 5 años por infringir la ley de seguridad interior y 3 por delitos de daños agravados, más una multa de 11 UTM. También, la pena de inhabilitación absoluta perpetua de derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante la condena. En este caso la justicia es inalterable, la pena es esa. Como en muchos otros casos que conocemos ocurridos durante la rebelión popular, la justicia ha sido el elemento que el Estado ha usado para castigar duramente a los manifestantes detenidos.

Hay claramente una distinción entre la aplicación de la justicia en un caso y en el otro. ¿Por qué? Pues porque es una justicia de clase. La detenta y la ejecuta una clase social, por eso es severa con el pobre y tolerante con el rico.

¿No hay justicia en el país? Sí, la hay. Pero es la justicia de la clase que manda. Está podrida en sus cimientos. Se ejerce no para restablecer el imperio del derecho, como suelen decir, sino para defensa de sus intereses, en todo orden de cosas. Por eso, el juicio del profesor es un juicio político, sus objetivos son políticos. Escarmentar al pobre. Que no pueda rebelarse ante la explotación y la opresión. Que saque cuentas y vea que el castigo será ejemplar.

Debemos estar claros. Si estamos pensando realmente en hacer justicia. En dar a cada cual lo que conforme a sus actos corresponde. Deberemos encarcelar a los que han defraudado las arcas del erario nacional, a los que han dilapidado sus riquezas, a los que han comprometido su soberanía vendiéndose al mejor postor, deberemos sin excepciones sancionar a los que han atentado contra la vida, la salud, la dignidad y la honra del pueblo. Si esa es la justicia a la que verdaderamente aspiramos. Y esa es seguro la que anhelamos. No es este Poder Judicial, ni son estos jueces, ni estos fiscales, los llamados a ejercerla. Si queremos justicia. Solo puede ser el pueblo, en el ejercicio de su poder popular, y único detentador del mismo, quien la ejerza.