Fue en noviembre de 2019 que un vuelo con origen en Buenos Aires llevó a La Paz, Bolivia, un cargamento de armas y municiones para apoyar el golpe de estado contra Evo Morales.
La imputación de los cargos contra estos dos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri es parte de la ampliación de la denuncia que hizo la semana pasada el gobierno de Alberto Fernández contra el ex secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo además de la imputación contra Macri, quién, a juicio de la Casa Rosada, «ordenó y organizó en forma directa la maniobra de contrabando».
Según los antecedentes recabados por la Fiscalía, los aludidos -Peña y Faurie- habrían participado de la «organización y desarrollo de las condiciones necesarias para el envío de los gendarmes y del material armamentístico al Estado Plurinacional de Bolivia, vulnerando el adecuado ejercicio de control del servicio aduanero».
El caso lo lleva adelante el fiscal Claudio Navas Rial, del fuero Penal Económico que investiga el envío de material represivo a Bolivia. En julio, Navas imputó por este caso a Macri, a la ex ministra de Seguridad Pública, Patricia Bullrich y al ex ministro de Defensa, Oscar Aguad.
El escándalo se destapó a principios de julio cuando a través de un twiter, el canciller boliviano Rogelio Mayta publicó una carta en la que el comandante de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Terceros Lara agradecía al entonces embajador argentino de Macri en Bolivia, Normando Álvarez García, por “la colaboración prestada” en el marco del respaldo que dio el gobierno argentino al golpe de estado en Bolivia.