La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, estableció que, durante el golpe de Estado en Bolivia del 2019 contra Evo Morales, ocurrieron masacres y ejecuciones sumarias.
El informe del CIDH, hecho por un grupo de expertos independientes, entregó antecedentes en más de cuatrocientas páginas. En Bolivia, se hizo un golpe de Estado planteó el presidente Luis Arce al realizar su discurso en la entrega del informe, y hubo graves violaciones a los derechos humanos, además de perpetrarse masacres y ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno de facto.
Asistieron víctimas de los hechos, y quedó en evidencia la violencia racista y clasista contra el pueblo boliviano, de parte de sectores que tomaron el poder.
“La policía y las fuerzas armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia dejando desprevenidos a los ciudadanos y ciudadanas”, indica el documento.
Sobre la violencia estatal se destaca que “lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado, por actos de agentes estatales y de particulares en las circunstancias contempladas en la jurisprudencia de la CIDH”.
Sobre los hechos ocurridos en Sakaba y Senkata, se califican como masacres efectuadas por agentes del Estado.
Al finalizar el acto de entrega del informe, Arce llamó a hacer justicia. “Exhortamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar, en el menor plazo posible, el juicio de responsabilidades para establecer la autoría, responsabilidades y sanciones de estas graves violaciones de derechos humanos”.
En Bolivia murieron cerca de 37 personas en las protestas contra el golpe de Estado, y están detenidos por estos hechos funcionarios del gobierno de Añez y los altos mandos de las fuerzas armadas y policías.
Para Chile, es un precedente, pues indica, que es preciso juzgar a todos y cada uno de quienes han cometido actos que atentan contra los derechos humanos, es decir, deben individualizarse los que mataron, lesionaron y dañaron de cualquier forma a manifestantes, así como a los que son los responsables políticos de esto, incluidos partidos políticos y civiles.