El gobierno, nuevamente, se ha puesto entre la espada y la pared. Ahora, por la presión de los capitales que piden un ajuste económico -aumento de la tasa de interés, recortar gasto fiscal, bajar los sueldos reales de los trabajadores- y la necesidad de sobrevivencia política del régimen, que se expresa hoy en un nuevo retiro del 10% y en el IFE.
“La definición de la locura es hacer la misma cosa, una y otra vez, y esperar resultados distintos”. Esta frase es atribuida a Albert Einstein. De ser cierta, Piñera está más loco que una cabra. Porque dale y dale con lo mismo.
Los proyectos de ley para un nuevo retiro del 10% avanzan lentos, pero seguros, en el parlamento. Lo de lento es a propósito. Mientras más cerca de las elecciones o, mejor dicho, de las reelecciones deseadas de los diputados y senadores, más probabilidades hay que sea aprobado el 10%. “Y viceversa”, agregarían los promotores de los retiros.
Piñera, como las otras veces, intenta negociar al límite. Para él, el problema es simple. Se trata de evitar que aquella fracción de la derecha que se pudiera sentir inclinada a apoyar el retiro, no lo haga.
La primera vez, fracasó. Sus concesiones llegaron muy tarde.
La segunda vez, se rindió. Inventó su “propio” 10%, para que no ganara el de los otros.
La tercera vez, casi, casi, se va cortado. El Tribunal Constitucional lo humilló, la derecha quedó dubitativa, muy dubitativa: Piñera les había fregado las elecciones de alcaldes, gobernadores y constituyentes. Tuvieron que venir los demás partidos del régimen, en la providencial figura de Yasna Provoste, para decirle al presidente que, por favor, no desfalleciera.
Como resultado de la derrota, el gobierno tuvo que entregar el IFE “universal”. Hasta septiembre. Pero todos sabían que, cuando llegara el momento, habría que extenderlo hasta, mínimo, el próximo año. De lo contrario ¿quién puede asegurar lo que podría pasar?
Bastó que el proyecto del 10% se pusiera en tabla en la comisión de la cámara de diputados para que Piñera anunciara la prolongación del IFE hasta… noviembre. Es decir, menos de lo mínimo fijado en el plan original.
¿Será eso suficiente para frenar el cuarto retiro?
Probablemente no, pero el problema para el gobierno es otro. A la presión de los partidos del régimen que quieren sobrevivir políticamente, se suma una fuerza contraria.
El capital quiere que pare la “fiesta”, el “carnaval”. “Se nos pasó la mano con las ayudas”: así hablan conspicuos economistas que abogan por adelantar el ajuste económico que, necesariamente, tendrá que implementar el próximo gobierno.
Los capitalistas quieren que se baje el gasto público. Un déficit fiscal alto les cierra el acceso a los mercados financieros externos. El ajuste fiscal significa menos gastos en hospitales, en medidas asociadas a la pandemia, en educación, en todo, menos en los subsidios a las empresas. Esos, por alguna razón, no son tan problemáticos.
Y los capitalistas quieren, especialmente, que terminen el IFE y los retiros. Si los trabajadores tienen esos recursos, los dueños del capital salen perdiendo. Los empleos en que prima la superexplotación, la agroindustria, por ejemplo, no pueden seguir reduciendo los salarios, si hay trabajadores tienen un ingreso adicional igual de miserable, pero entregado por el Estado.
Y los que tienen salarios un poco mejores, también quedan en una mejor posición frente a las presiones de sus empleadores. Sobre todo, porque, en este momento, existe cierta capacidad ociosa que se puede echar a andar.
Y ahí entran los cesantes que, con algo de dinero en sus bolsillos, gracias al 10% o a los bonos del gobierno, tampoco son los de antes: cada peso más en manos de los desempleados es un peso menos de desesperación para aceptar sueldos de hambre.
Por eso los capitalistas quieren el ajuste. Hay que subir la tasa de interés y parar el crecimiento económico momentáneo, para incrementar la tasa de desempleo y así reducir aún más los salarios.
En esta ecuación entrará la crisis que sobrevendrá después de la pandemia. Entonces, se verá la verdad: cuando dejen de operar las empresas que se han mantenido funcionando artificialmente gracias a los aportes y garantías del Estado y que acceden a financiamiento barato que ya no estará disponible. Cuando haya que pagar, pues.
Ese es el dilema del gobierno. Entre la espada y la pared.
Los trabajadores saben que -con IFE, con 10%, con las peleas diarias por el sustento y sus derechos- esta cosa hay que resolverla de raíz. Y hay que prepararse para ir por todo.