Hipócrita cancelación

La comisión de derechos humanos de la convención constitucional intenta limitar el daño causado por la presencia de Jorge Arancibia. Aprobó un voto que lo excluye de las audiencias públicas, en que se escuchan las exposiciones de organizaciones y personas. La medida evade el problema real y la propia responsabilidad de los convencionales.

La comisión de derechos humanos, verdad histórica y bases para la justicia, reparación y garantías de no repetición, estaba en aprietos desde que se denunciara el hecho de que el ex comandante en jefe de la Armada formaba parte de esa comisión. En las primeras sesiones, todo había sido amistad, diálogo y reconciliación. “Jorge”, le decían. Recién cuando recibieron una carta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos, los miembros de la convención reaccionaron.

Pero no hicieron mucho. Traspasaron el problema a otra comisión.

Desde entonces, Arancibia ha seguido allí como si nada; interviene en los debates sobre los cronogramas y las subcomisiones, las materias que han mantenido ocupados a los convencionales.

Todo en perfecta armonía y tolerancia. Que la “diversidad” y el “escuchar al otro” no dejen de “enriquecer el debate.”

Tanto es así, que la coordinadora de la comisión consideró adecuado otorgarle la palabra a otra convencional pinochetista, Ruth Hurtado, durante un minuto de silencio en honor a Vicente Atencio Cortés, diputado del Partido Comunista detenido desaparecido, para que pudiera, convenientemente, interrumpirlo.

Nadie protestó por esa provocación.

Dejada a sus propios medios, la comisión, claramente, no se hace ningún problema por la presencia de los pinochetistas que pretenden discurrir sobre los derechos humanos.

Único problema: hay otra gente, allá fuera, que pudiera tomar a mal que la constitución incorpore las opiniones sobre derechos humanos de los defensores de la dictadura, pero especialmente, la doctrina de impunidad, de perdón y olvido, enarbolada por la derecha, la Concertación, y sus actuales sucesores, el Frente Amplio.

Y, para más remate, en la comisión, los convencionales ya no van a estar entre ellos: se vienen las audiencias públicas. De hecho, 278 personas y organizaciones solicitaron ser escuchadas ante la comisión. Quizás varios le enrostren a Arancibia lo que es y lo que representa, y pregunten qué han hecho los otros convencionales al respecto. Una perspectiva incómoda, sin duda.

Pero hay una solución, se dijeron. La comisión había aprobado reglas para filtrar a quiénes podían acudir a las audiencias. No debían admitirse organizaciones que promovieran el negacionismo, el odio racial, de género, etc. Y, de hecho, una subcomisión descartó a la Fundación Jaime Guzmán, Acción Republicana, de José Antonio Kast, y a la fundación “Cuide Chile”, que agita en contra del “globalismo” y la educación sexual, y que también está ligada al entorno de Kast.

¡Ahí está el resquicio! si se podía dejar fuera a estos grupos, también podría hacerse lo mismo con Arancibia. En una moción, la mayoría aprobó excluir a Arancibia de esas audiencias. La convención, dijeron, debía ser un “espacio libre de revictimización”, en este caso, de los expositores de organizaciones de derechos humanos.

La decisión provocó lo que todos sabían: furibundas quejas en contra de la “cultura de la cancelación”, indignados llamados a “no hacer lo mismo que hizo la dictadura”, como si eso fuera lo que fue la tiranía pinochetista.

La derecha, por supuesto, está feliz o, más bien, triste: su llanto es inconsolable. Pero es lo que tienen. Para ellos, la convención es un “espacio de victimización” predilecto y constante. Y, también saben que, mientras más lloran, más a la defensiva se ponen las fuerzas dominantes de la convención. Marcela Cubillos ya anunció que irían a “instancias internacionales» a quejarse. ¿Será la FIFA? No, la amenaza verdadera es bien concreta: acudir a la Corte Suprema, uno de los resguardos fijados en el “acuerdo por la paz” de noviembre de 2019.

¿Lo harán en esta etapa tan temprana o se reservarán esa carta para más adelante? Habrá que ver.

Lo que está claro es que la cancelación de Arancibia es una medida hipócrita y vergonzosa. El “negacionismo”, entendido como infracción a una norma fijada por el Estado, hasta el día de hoy no ha detenido a un ningún fascista ni nazi en el mundo.

De hecho, la constante provocación parlamentaria, las transgresiones a las leyes y al reglamento, y la posterior (auto)victimización, fueron una de las principales tácticas parlamentarias de los nazis originales, los de Hitler, en el período de República de Weimar. Y la negativa de combatirlos frontal y directamente, en todo momento, fue la causa de la derrota de los antifascistas.

El caso Arancibia es doblemente hipócrita, pues le atribuyen sus posiciones pinochetistas como causa de su exclusión parcial, y no sus acciones concretas de encubrimiento y en pos de la impunidad de los asesinos y torturadores. Pues eso fue la llamada “mesa de diálogo” entre las FF.AA. y los gobiernos de Frei y Lagos. Fue la mayor campaña para lograr la impunidad desde el decreto ley de amnistía de 1978.

El silencio de los convencionales sobre ese punto sólo puede interpretarse como un intento de encubrir el encubrimiento, de ocultar las responsabilidades de los gobernantes de la Concertación y sus partidos en ese cruel engaño, en que se pretendió usar los cuerpos de quienes eran rehenes de la dictadura como moneda de cambio para favorecer a sus secuestradores y asesinos.