Lo que hemos visto en estas semanas no podría ser más elocuente. Candidatos presidenciales hay por doquier. Pero nadie, parece, quiere ganar la elección y gobernar.
Las opciones presidenciales parecen un rito necrológico, un culto a los muertos políticos.
En el oficialismo, hay un empleado de Piñera y Chadwick. Su tarea es someter a los partidos de la derecha que ya están medios muertos. En la izquierda, hay uno que quiere revivir los cadáveres de la Concertación y de “la democracia de los acuerdos” con la derecha. En la Concertación, no hay nada, excepto decadencia y mal hedor de cementerio. Y en los sectores independientes, que se reclaman del pueblo y opositores al régimen, lo único que se ve es una especie de instinto suicida. Elevan a gente que, todo lo que toca, lo rompe.
En resumen, zombies y yetas.
Al final, todos persiguen el poder para lograr privilegios, para acomodar a sus amigos y continuar con la política actual. No se dan cuenta que eso que quieren, ya no es posible.
No se fijaron que la crisis política, social, económica que vive el país se libra en otros terrenos, distintos a las sonrisas de los afiches, a las promesas vacías de las campañas electorales.
Por ejemplo, una parte importante del conflicto de la política se traslada a la nueva constitución, mucho más que al próximo gobierno. Los políticos del régimen no quieren eso, pero no lo pueden evitar.
La razón no radica en la convención constitucional. Es el resultado de un hecho tremendo: el pueblo ha creado su propio poder, que se contrapone al poder del régimen burgués. Lo hizo a partir del levantamiento del 18 de octubre.
Esa realidad hay que enfrentarla. Como es un choque de poderes, no se resuelve ni por cansancio, ni por un arreglo. Y mientras no se resuelva, no hay solución a la crisis.
Para el pueblo ¿es posible un camino democrático para enfrentar este dilema? Difícil. Es muy difícil que esa salida se realice por medio de las normas del actual régimen. No hay que engañarse.
Pero eso no significa que no se deje claro cuál es ese camino democrático ahora. Lo primero es enfrentar la realidad.
El próximo gobierno, el próximo presidente, no puede pretender gobernar por cuatro años, por un mandato completo. Eso significaría reconocer de antemano que los cambios constitucionales futuros van a ser puro cuento. Y en el Chile de hoy, nadie se va a sostener en el poder con cuentos.
La condición democrática es, entonces, declarar que el próximo gobierno se limitará a ejecutar un programa mínimo de emergencia, de medidas en beneficio a las amplias masas del pueblo. Realizada esa tarea, debe renunciar y abrir el camino para la decisión democrática del pueblo de Chile en todos los planos del poder del Estado: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial.
¿Quién debe encabezar ese gobierno de emergencia, de obediencia a la voluntad del pueblo? ¿Quién es el candidato presidencial que debe representar esta tarea?
La persona que encabece el gobierno democrático de emergencia y de promoción de las demandas populares, debe ser independiente: no debe pertenecer a partidos políticos del régimen. Debe ser trabajadora. Debe haber vivido la realidad y los padecimientos de nuestro pueblo; debe ser sensible, debe haberse enfrentado al sistema y su crueldad. Debe saber qué significa eso. Su motivación debe ser, no las ansias de poder, de figuración o la ambición, sino su decisión de rebelarse frente a las injusticias. No es necesario -y, por ende, no debe- tener estudios superiores. Al contrario, debe ser de los millones que tomamos la micro para ir a trabajar todos los días.
Deber ver la vida desde abajo para cambiar lo de arriba.
Pero ¿quién? ¿Quién es esa persona, que pudiera ser cualquiera de nosotros?
Deben ser hombres o mujeres de un alto carácter moral e indoblegables. Ya adelantamos, en el titular, que, mejor, una mujer. Nosotros las nombramos.
Quienes de manera predilecta pueden cumplir con esta labor son: Luisa Navarrete, Paola Martínez, Natalia Pérez, María José Mora o Fabiola Campillai.
Son madres, tías, viudas, hermanas de los mártires del levantamiento nuestro pueblo del 18 de octubre de 2019.
Son las representantes, no de los partidos, no de los manejos y engaños del poder, no de la soberbia del dinero o de la celebridad frívola, sino de la dignidad del pueblo.
¿Qué tareas deberá cumplir el gobierno de transición en sólo un par de meses?
Se abocará a sentar las bases para ese camino democrático: nuevas elecciones sin los partidos corruptos, con postulantes que auténticamente reflejen los intereses de nuestro pueblo.
Deberá liberar -inmediatamente, como sea, por cualquier medio necesario- a los presos políticos del levantamiento popular y terminar la persecución judicial a quienes hayan sido objeto de la represión.
Implementar un programa económico de emergencia que debe incluir, entre otros puntos, el aumento del salario mínimo de acuerdo al costo de mantención básico y suficiente de una familia; un programa de inversiones públicas en infraestructura necesaria para el desarrollo del país, la construcción masiva y el mejoramiento de las viviendas de los trabajadores, la ampliación del sector educativo y de la salud; la imposición de medidas para frenar la fuga de capitales y el fraude fiscal, abriendo y auditando la contabilidad completa de los grandes grupos económicos del país, bajo la dirección de los trabajadores de esas empresas.
Establecer un sistema de supresión de la pandemia basado en criterios racionales, científicos, y que ponga la protección de la salud, y no el dinero, como valor supremo de las medidas de salud pública.
Reorganizar el sistema de salud, orientándolo a la prevención; abriendo las clínicas, centros y laboratorios privados a todos los pacientes, no a los que puedan pagar; terminar con el negocio privado en los hospitales públicos; promover la contratación de especialistas internacionales acreditados para el tratamiento de los pacientes en todo el país, eliminando las listas de espera.
Ordenar la disolución inmediata de Carabineros; el traslado de sus tareas, equipos e instalaciones, a un órgano de seguridad compuesto por funcionarios intachables y voluntarios civiles, supervisados por el gobierno y la población; el reemplazo de los altos mandos de todas las instituciones armadas por personas probas, y la apertura de una investigación real y el castigo a sus jefes y a todos sus cómplices de crímenes de lesa humanidad, corrupción y otros delitos; preparar la organización de un cuerpo militar de defensa del país y de la seguridad de la población, subordinado a los intereses, valores y necesidades del pueblo.
Limpiar al Estado de operadores políticos, apitutados y corruptos.
Asegurar la construcción de un sistema de educación nacional, gratuito, igualitario, cuyo fin será la formación de la conciencia social y la liberación de la juventud, y las necesidades de nuestro país, adoptando acciones urgentes para terminar con el desastre educativo dejado durante la pandemia por el actual gobierno y por la especulación y corrupción de sostenedores privados.
Tomar el control de los recursos naturales explotados por consorcios privados, nacionales y extranjeros, y de los cursos y depósitos de agua, como medida de preparación de su nacionalización y en prevención de sabotajes y desfalcos.
Debe poner fin a las AFP y establecer las bases de un sistema de jubilaciones digno e igualitario.
Deberá realizar una exhaustiva evaluación de los tratados internacionales y convenciones suscritos por el estado de Chile, y presentar las reservas a las contrapartes y organismos internacionales, para denunciar todos aquellos acuerdos que lesionen la soberanía nacional y los intereses del pueblo chileno.
Terminará con la guerra en contra del pueblo mapuche a manos de empresas, terratenientes, Carabineros, y criminales. Reconocerá la cultura, las lenguas de los pueblos originarios, y a la naturaleza.
Definirá aquellas actividades económicas que lesionen la salud de la población y los ecosistemas y ordenará su cierre inmediato.
Se apoyará en este trabajo en el pueblo. Seguirá su mandato y voluntad en todo momento. Escuchará y cumplirá con sus demandas.
Se enfrentará a los reaccionarios y a su poder.
Y se irá cuando se verifiquen una de dos condiciones: cuando haya cumplido, con urgencia y premura, con lo mínimo necesario para asegurar este camino democrático; o si le hubiese fallado al pueblo.
Esa es la candidatura, el programa de gobierno de emergencia, transitorio y de protagonismo popular que nosotros proponemos.
Si no fuera posible seguir este camino que, simplemente, plantea lo mínimo necesario, que se enmarca, en general, dentro de los límites de este sistema, el pueblo ya sabe cuál es su camino y no dudará en llevarlo hasta el final.