La persecución la hará la fiscalía Centro Norte, que ayer anunció que buscará responsabilidades de varias instituciones financieras en el caso de lavado de dinero en el expolio a los recursos públicos en el que está directamente involucrado el ex jefe del ejército Juan Miguel Fuente Alba y su señora, Ana María Pinochet, la Lucía chica. Para ellos el Ministerio público ha pedido 15 y 10 años de prisión respectivamente por robarnos a todos los chilenos nada más ni nada menos que $3.000 millones.
La investigación de la fiscalía Centro Norte apunta “a la eventual responsabilidad de la persona jurídica del Banco de Chile, y otras cuatro instituciones bancarias, que teniendo el deber de reportar las operaciones sospechosas de Fuentealba a la Unidad de Análisis Financiero no lo hicieron hasta que se hizo público, en 2014”.
En conversación con un medio nacional el fiscal que lleva el caso, José Morales, señaló que los controles preventivos de lavado de activos “fallaron” absolutamente y que estas instituciones financieras, en la mira de la fiscalía, no tuvieron medidas ni controles adecuados, tratándose de «instituciones robustas».
Algo así como lo que sucedió en el caso del dictador. Con estos músculos, a las instituciones financieras y en especial al Banco de Chile, fuente de resguardo de estas platas sucias, se les fue tener controles mínimos del origen y destino de los recursos que sabemos a ciencia cierta, eran públicos.
Bueno, digamos que árbol que crece torcido jamás su tronco endereza. Y el mismo origen del Banco de Chile, es más trucho que melena de payaso.