El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y su alto mando, están buscando una salida. Enfrentan en Chile querellas por delitos de lesa humanidad a causa de la represión tras el 18 de octubre. Saben que, de esa, probablemente, se salvaran. Tienen los tribunales a su favor. Pero lo de “lesa humanidad” igual les asusta. Saben que esas acusaciones no van a desaparecer, así como así. Y que, en cualquier del mundo, podrían enfrentar problemas.
No quieren terminar en Punta Peuco u otro lado. Y ya tomaron nota de un problemita: sus jefes políticos. Piñera, Chadwick, Blumel, Ubilla, y compañía ya tienen el libreto aprendido para exculparse: “fueron los pacos”.
Hay que hacer algo aquí. Uno de sus abogados defensores, Jorge Martínez, fue a buscar. Y algo encontró, en España. Una abogada redactó un “informe en derecho” que sostiene que en Chile no se cometieron delitos de lesa humanidad y que el alto mando acusado, por ende, nada malo hizo.
La jurista se llama Alicia Gil y es catedrática de la UNED de Valencia. No vamos a hacer bromas con su apellido, porque no hace falta; y no nos vamos a burlar de la institución donde hace clases, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, porque no somos snob. Además, los informes en derecho se compran y se venden en el mercado como los zapatos o las camisas. Así que bien podrían los pacos haber encontrado a algún profesor de Oxford o de Harvard. Es cosa de pagar. Claro que, en este caso, parece que se fueron por lo más barato.
¿Qué dice la profesora Gil? Nada mucho. Los delitos de lesa humanidad son los que dice el Estatuto de Roma, que da origen a la Corte Penal Internacional, y nada más. Raro. Porque, incluso, los tribunales chilenos han condenado a criminales de lesa humanidad siguiendo su propia doctrina y por hechos cometidos antes de la entrada en vigor del estatuto de Roma. Además, hay una ley, la 20.357, que los tipifica. Lo debería saber la profe Gil, si es tan buena y si quiere que la justicia chilena considere sus argumentos.
En todo caso, como los pacos y los milicos y civiles asociados a la tarea represiva han cometido asesinatos (artículo 7 letra A, Estatuto de Roma), han practicado detenciones ilegales, abusivas y violentas (letra E), han torturado (letra F), han violado mujeres y han ejercido violencia sexual en contra de ellas (letra G) y han mutilado a manifestantes de un modo reiterado y masivo (letra K), no se entiende bien cómo habría de funcionar ese argumento jurídicamente.
Probablemente, Gil lo sabe y se desplaza a otro terreno. Podría ser que allí tenga mejor suerte. A ver… ¡Hostia! ¡A que sí! ¡El INDH! El Instituto Nacional de Derechos Humanos no ha alegado la comisión de delitos de lesa humanidad, de acuerdo a las actas de su directorio. Ni lo mencionan. Débil, señora Gil, débil y torpe. El presidente del INDH, Sergio Micco, en efecto, ha salido en defensa de Piñera, públicamente. Pero eso no significa que eso vaya a servir para los pacos. Lo único que hace la profesora es echarlo para adelante. Y además ¿cree que, si escuchamos todas las intervenciones de los abogados del INDH en las diversas causas en que han actuado, nunca, nunca, vamos a escuchar siquiera una referencia a los crímenes de lesa humanidad? Difícil ¿cierto? Si, al fin y al cabo, esos letrados tienen que justificar su participación en los juicios en base a que se cometieron violaciones a los derechos humanos, y no cualquier violación ni cualquier derecho humano, sino aquellos que se llaman… usted lo ha adivinado, doña Alicia, “de lesa humanidad”.
Gil lo sabe. Pero no le importa. Se lanza a su ataque final. Sostiene que no se han aportado pruebas de que haya una “política criminal” de Carabineros. “¿Dónde están las reuniones, las órdenes escritas?” se pregunta. Claro, eso es parte de lo que se podría investigar, si se quisiera. Es lo que podría pedir la fiscalía: las comunicaciones telefónicas, los mensajes de texto, los documentos secretos que están escondidos por ahí. Pero, para eso, habría incautar los teléfonos, allanar las instalaciones de Carabineros y las casas particulares de los imputados, sin avisarles antes, por cierto. También se podrían obtener testimonios de testigos que no quieran ser castigados también y entreguen información inculpatoria. Pero nada de eso ha ocurrido. Los interrogatorios, por lo que se ha sabido, son más suaves que una entrevista de la revista “Caras”.
La impunidad justifica la impunidad, ese es el razonamiento de la profesora Gil. De la estupidez pasa a la infamia: lo que hubo en Chile fue un problema de orden público. Habrá algunos casos individuales, pero no crímenes de lesa humanidad. Perseguir la represión al pueblo como tal sería, dice, “una relativización y una banalización […], un atentado contra la memoria histórica de Chile”. ¡Ah, sí! ¡Esas sublimes masacres, esos bellísimos campos de concentración, aquellas excelsas cámaras de tortura de antaño! ¡No vamos a comparar, pues!
Un infame informe. ¿Quién lo pagó? El grupo “Defensa Carabineros”, creado por el ex subdirector de la institución Julio Pineda, el mismo ladrón que está metido hasta las masas en el pacogate; el mismo que filtró la hoja de vida de su jefe Hermes Soto; el mismo que buscó encubrir a los culpables del caso Huracán.
Estos pacos son lo peor. No sólo cometen crímenes, sino que se defienden como los perkin y domésticos que son: “¡si fue hurto, oh! ¡No fue na’ robo! ¡La pistola me la pusieron, su señoría!”