Érase una vez un tiempo en que era imposible siquiera pensar en que las personas pudieran sacar parte de los fondos de las AFP destinadas a las jubilaciones. Aquellas empresas eran todopoderosas guardianas de un capital enorme que sostenía a los grandes grupos económicos del país. Ni pensar tocarlas siquiera con el pétalo de una rosa.
Pero hubo un cambio, en un inicio casi imperceptible: las AFP cambiaron de dueños. Los capitales locales las traspasaron a compañías de seguro internacionales. Las inversiones se desplazaron de las acciones, o sea, de la propiedad, de empresas chilenas, a bonos y otros instrumentos financieros, y al exterior.
Es mejor así, se dijeron, menos lío: las AFP habían sido víctimas de monumentales maniobras fraudulentas, como en los casos La Polar o “cascadas” de Soquimich. Además, desde la gran crisis del 2008, prima una política de bajas tasas de interés y una expansión sin freno del capital financiero. Los grupos económicos chilenos ya no requieren, como antes, a las AFP para ampliar su capital.
Este cambio coincidió -cosa curiosa- con un ascenso de la lucha de los trabajadores y que se manifestó en las grandes movilizaciones bajo la consigna “No más AFP”. Es casi, casi, como si alguien hubiese un hecho un estudio de riesgo y concluido que las AFP podrían caer, pero que era mejor que, en ese desplome, no se llevaron consigo a los grandes grupos económicos internos.
Aún entonces, uno sí podía imaginar que las AFP dejaran de existir, pero no que los trabajadores pudieran girar de sus fondos. Los intentos que se hicieron en ese sentido pasaron todas las instancias judiciales, llegaron a la Suprema y al Tribunal Constitucional, sin éxito.
Pero un cataclismo cambió todo esto: la pandemia provocó un derrumbe económico global y, en Chile, los capitalistas se enfrentaban a un nuevo poder del pueblo, que había surgido desde el levantamiento de octubre de 2019.
Por eso, la pandemia significó un triple problema para el gobierno: debía enfrentar la crisis sanitaria, la económica y la política. Esa última se resumía en la frase “cómo nos salvamos”, o sea, era dramática.
Para simplificarse un poco la vida, dijeron que la crisis sanitaria era la misma que la económica: su expectativa era que, en el curso de algunos meses, la pandemia terminara en una “inmunidad de rebaño”; sólo había que administrar el inmenso daño que causaría a la población.
Lo que quedaba era el problema económico propiamente tal. El gobierno veía que, en los países industrializados, los Estados se lanzaban a gastar como nunca antes. Ayudas económicas a la población, subsidios a las grandes empresas, enormes proyectos de infraestructura que se habían aplazado por décadas. Pero Chile no es un país industrializado. Y había que prepararse para la gran amenaza: la crisis económica que vendrá después de la pandemia.
Decidieron no tocar las arcas fiscales. O lo menos posible. Para el público, divulgaron grandes cifras, de créditos, avales estatales, subsidios, etc. Pero era todo bastante inflado: contaban lo mismo dos veces, presentaban, por ejemplo, el pago anticipado a los proveedores del sector público como si fuera un gasto fiscal nuevo, etc.
La ayuda a la población fueron bonos y el vaciamiento de los fondos del seguro de cesantía. Es decir, los trabajadores se pagaban a sí mismos, y los pobres empresarios podían respirar tranquilos.
Pero la necesidad es más fuerte. Y el pueblo también. Comenzó a manifestarse, voceó sus demandas. Y el problema económico del gobierno se volvió, nuevamente, político.
En el Congreso, la idea, hasta entonces impensable, de retirar un 10% de los fondos de las AFP, comienza a delinearse. El gobierno, que no lo había visto venir, opone una resistencia tardía, torpe y obtusa. Y tiene que rendirse. Había dicho que el retiro iba a provocar una catástrofe económica. No fue así. Al contrario, el consumo se dispara, la actividad económica se reactiva. Obviamente, el Banco Central, tan autónomo él, ayudó tras bambalinas, “adelantando” el cash que las AFP debían liquidar en el mercado financiero.
Es decir, al final el gobierno y el régimen se resignaron y le pusieron solitos la lápida a las AFP.
Por eso, no hay primera sin segunda y la tercera es la vencida. O no.
Para muchos, son inexplicables las cifras económicas de los últimos meses. 20% de crecimiento del Imacec, suben las importaciones, las ventas, el consumo. No es magia, ni la excelencia de los economistas. Es, simplemente, el mayor programa de estímulo del consumo de la historia de Chile, financiado por los propios trabajadores, que han inyectado miles de millones de dólares a la economía. Eso ha evitado, en lo inmediato, un agravamiento de la crisis.
¿Habrá un cuarto retiro?
Es bastante plausible. El gobierno, el régimen y el capital ya quieren ejecutar un ajuste. Quisieran parar el IFE, porque estiman que el fisco necesitará recursos para la crisis pos-pandemia que se avecina. Las empresas, además, están complicadas. Si una parte de los trabajadores obtiene el IFE, por bajo que sea, se les complica reducir los salarios, sobre todo, los que están en un rango más bajo.
Así que el cuarto retiro podría ser una opción.
Además, vienen las elecciones. Va a ser difícil para los diputados y senadores que quieren ser reelectos presentarse como contrarios a que la genta disponga de su propio dinero. El gobierno había querido blindarse de esa posibilidad limitando el IFE hasta septiembre. Así, se podría tramitar, en plena campaña, una extensión hasta diciembre, y todos quedarían bien. Pero Piñera debería saber que, así como los especuladores internalizan ganancias futuras, el mercado político también da por descontado lo que se va a hacer de todas maneras.
El cuarto retiro, entonces, sube sus bonos para los políticos.
Pero también queda más claro que este sistema ya no da para más. Lo que hace falta es cambiarlo todo, para que el trabajo y sus frutos vayan en beneficio de los que producen, no de los que explotan.