El yanacona más famosillo de la región y el equipo de auditoría electoral de la OEA que intervino en Bolivia en el año 2019 podrían tener que comparecer ante La Haya por complicidad en crímenes de lesa humanidad.

El gobierno de Bolivia afirma que, debido al informe de la OEA que se dio a conocer tres días antes del plazo estipulado y de manera pública, habría constituido el justificativo perfecto para el golpe y las posteriores masacres de El Pedregal, Sacaba y Senkata.

El punto es que, conforme a un informe encargado por el Ministerio Público boliviano en abril de 2021 al grupo de Investigación Deep Tech Lab de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España, y difundido por la Fiscalía General, en una de sus definiciones más importantes concluyó: “se ha demostrado la inexistencia de manipulación en los datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados del proceso electoral de octubre del 2019”.

O sea que no hubo fraude, o sea que sí había ganado Evo Morales, o sea que Almagro mintió. ¡Increíble! ¿Quién lo diría? ¿Un funcionario con las más altas distinciones en un organismo internacional supuestamente honorable mintió? Pues sí. Lo hizo siguiendo instrucciones de su mandante, su patrón, el maestro titiritero, el imperio.

Con informe en manos, el Ministerio Público boliviano comenzó el proceso de cierre de las acusaciones de fraude electoral por la que siete miembros del TSE estuvieron detenidos.

Ya se habían comenzado, previamente, a cerrar las causas iniciadas contra 45 vocales electorales departamentales. De todos ellos, 31 estuvieron en prisión.

Algunos de los detenidos fueron incluso presentados engrillados y como delincuentes frente a los medios de comunicación. Y la mayoría estuvo en prisión durante más de un año.

Paralelamente la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó incorporar en su presupuesto del Año Fiscal 2022 una investigación sobre el rol de la OEA en las elecciones anuladas del 20 de octubre de 2019 “y la crisis de derechos humanos subsiguiente.”

La propuesta fue presentada por las diputadas demócratas Jan Schakowsky, de Illinois, y Susan Wild de Pensilvania, que indican que la OEA no respondió a las interrogantes sobre la actuación de la misión electoral del organismo que “contribuyó a la remoción forzada del presidente democráticamente electo de Bolivia y al surgimiento de un régimen no elegido, apoyado por las Fuerzas Armadas, responsable de masivas violaciones a los derechos humanos.”

Es un hecho: al distinguido maleante a sueldo del imperio, el secretario general de la OEA, señor Luis Almagro, le llueve sobre mojado.