Sí, están tan preocupados por la educación y que vuelvan a clases, que los niños primero y bla bla bla. Para muestra, la joyita de solución que le dió el Ministerio de Educación a los apoderados del Liceo Camilo Henríquez en Temuco para que los niños no repitan el año. ¿La propuesta? Repetir el promedio del 2020. Los trabajadores del liceo llevan 145 días en huelga sin que vuele una mosca y las autoridades brillan por su ausencia en el negocio de la educación.
Sí, 145 días en huelga llevan los trabajadores del Liceo Camilo Henríquez de Temuco. Se han dado unas vueltitas por allí las autoridades para ver los ánimos, han hecho declaraciones de prensa los diputados, ha amenazado con querellas el “sostenedor”, la autoridad municipal mira por la ventana de tanto en tanto, pero allí siguen los trabajadores sin una respuesta y los niños sin clases.
A apoyar a los trabajadores se sumaron ahora los apoderados del Liceo. A través de un comunicado, hicieron sentir su indignación por la respuesta que les ha dado la Corporación Educacional El Bosque, el sostenedor y el Ministerio de Educación. Les propusieron que ante la ausencia de notas, se les repitiera a los estudiantes el promedio general del 2020 o evaluar las asignaturas en otro establecimiento.
“No es más que un gran atentado a la dignidad y a los valores que como padres y madres entregamos día a día a nuestras hijas e hijos, en quienes sembramos como base de sus principios, la transparencia, el esfuerzo, el valor del aprendizaje y el conocimiento, además del respeto a sí mismos y los demás”, señalaron.
Además exigieron a las autoridades que metan las manos en el barrito para solucionar un conflicto que lleva más de tres meses. La huelga de los trabajadores del liceo comenzó el 9 de marzo ante la negativa de la corporación privada a negociar colectivamente. Los trabajadores no han bajado los brazos. Los apoderados ahora los apoyan.
“Es difícil comprender… que el Estado proteja a una Corporación que presenta más de 100 causas judiciales en materia laboral y más de 10 sentencias, lo cual es argumento suficiente para que se proceda a revocar el reconocimiento oficial del Estado como sostenedor, pudiendo esta medida permitir, que más de 2.000 alumnas y alumnos y más de 60 trabajadoras y trabajadores sindicalizados y sus familias, no sigan siendo vulnerados en sus derechos fundamentales”.