En Estados Unidos quienes no podían pagar sus arriendos, no podían ser desalojados. La norma se implementó en septiembre de 2020 y terminó ayer. Joe Biden se negó a extender la medida de excepción debido al fuerte lobby de la industria inmobiliaria y de propietarios de viviendas. El país del norte enfrentará una catástrofe sin precedentes. Millones serán desalojados de sus casas.
Las zonas más conflictivas son Ohio, en Texas y otros territorios al sureste de Estados Unidos, entre ellos, la famosa Nueva York. No sólo es la crisis provocada por la pandemia, también el alto valor que han ido adquiriendo las viviendas producto de la burbuja inmobiliaria. Además, las ayudas para pagar los arriendos durante este período de pandemia han sido lentas lo que ha acelerado el nivel de endeudamiento de las familias sin casa propia.
Los grupos lobistas de las industria inmobiliaria y la Asociación Nacional de Agentes inmobiliarios se opusieron a la extensión de la norma que prohibía el desalojo desde septiembre de 2020 y convencieron a los legisladores de que el decreto “desplaza injustamente las dificultades económicas sobre los hombros de los proveedores de vivienda que han puesto en peligro su futuro financiero para proporcionar las viviendas necesarias para los inquilinos en todo el país».
A la fecha, alrededor de 7,4 millones de “inquilinos” -familias que arriendan viviendas o pagan hipotecas- han informado que están retrasados en el alquiler, según una encuesta realizada por la Oficina de Censo de Estados Unidos.
Según este censo, el 31% de los 4,7 millones de inquilinos adultos en Texas señalaron que tenían «poca» o ninguna posibilidad de pagar el alquiler el próximo mes. El Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas estima que 11,4 millones de personas, el 16% de la población adulta estadounidense que vive en casas y apartamentos alquilados, no pagan alquiler.
En un comunicado este 30 de julio, Biden ha pedido a los gobiernos estatales y locales que tomen medidas económicas para ayudar a las familias, porque el muerto ya no lo cargará su Gobierno.
Ahora, le tocará a los gobiernos locales apoyar a sus poblaciones. De no suceder esto, la gente se irá a la calle. Así sucedió en España entre 2008 y 2019. Miles de familias perdieron sus casas, o más bien, los bancos se las quitaron y los propietarios los expulsaron con la policía de por medio.
En España, cuando comenzó la crisis de la burbuja inmobiliaria en 2008 y hasta el 2012 unas 171 mil familias fueron expulsadas por no pago de hipoteca o arriendo. En 2019 otras 60.000 familias sufrieron este destino. En Chile, los retiros del 10% han escondido hasta ahora, esta realidad. También es la burbuja inmobiliaria y la voracidad de la industria financiera.
Estamos a un tris de que Chile sufra la misma suerte. Pero de precariedades, nuestro país sabe hace rato, y aquí, como en otros puntos de nuestra Latinoamérica, los gobiernos no la tendrán fácil. Eso, está de sobra demostrado.