Claramente, Pedro Castillo no siguió el papel que el régimen y los capitales con intereses en Perú le habían asignado. Retrasó el nombramiento de su gabinete hasta el jueves, cuando juramentó al premier, Guido Bellido, un dirigente de su partido, Perú Libre. La nominación en la cartera de Economía, la que debía otorgar las garantías exigidas, quedó en suspenso. Otros cargos, como el de Relaciones Exteriores, omitieron a antiguos políticos que ya habían iniciado, incluso, gestiones informales durante el breve período de transición. En Defensa, se desecharon las presiones para nombrar a un militar en retiro.
Las concesiones fueron, más bien, para los partidos que se aliaron, lenta y tibiamente, en la segunda vuelta a la opción de Castillo: dos facciones provenientes del antiguo Frente Amplio peruano. En general, sin embargo, el gabinete no corresponde al elenco acostumbrado en las esferas políticas de Lima.
Y, acaso, ese fue el principal shock. ¿Quiénes son? se preguntaban comentaristas y periodistas, jefes políticos y empresariales. Ante la incertidumbre, recurrieron a lo que tenían a mano.
Guido Bellido, secretario general de Perú Libre en Cusco, “radical, homófobo y misógino”: esa fue la tríada para enmarcar al nuevo presidente del Consejo de Ministros. Los antecedentes: dos o tres menciones cuestionables en redes sociales y una investigación judicial por apología al terrorismo, fraguada en medio de la campaña electoral. Bellido había expresado un homenaje a Edith Lagos, miembro de Sendero Luminoso y una figura señera de las luchas populares, sobre todo en el sur del Perú, muerta en manos de la represión a inicios de los años ‘80. Y, lo peor, no se retractó ante la amenaza de un juicio en su contra.
La indignación de la ultraderecha y del centro peruano es, al mismo tiempo, fingida y sincera. Es simulada, porque presentan como un exceso personal lo que es, en realidad, una posición política. Por eso no hay, prácticamente, dirigentes de Perú Libre que no hayan sido objeto del “terruqueo”, la acusación de ser secretos seguidores de Sendero Luminoso o del MRTA. Se trata de un mecanismo que ha afectado a toda la izquierda peruana desde la dictadura de Fujimori. Por ende, no es con Bellido la cosa.
Pero la indignación también es muy real. Refleja la desazón del régimen de verse confrontado, en su propio terreno, por corrientes políticas y sociales ajenas: se mezcla, todo junto a la vez, el desprecio de clase, étnico y a las regiones.
La reacción es furibunda, pero refleja desesperación. Nadie logra penetrar en el motivo de por qué no se efectuaron las imposiciones de determinadas figuras, en que los nexos y la subordinación a los capitales extranjeros eran presentados como una supuesta “moderación”. En efecto, el gabinete de Castillo abunda en ministros “moderados”, pero no ese sentido, el que realmente cuenta.
Pedro Francke, el más voceado de los candidatos del régimen, se presentó en la noche del jueves en el Gran Teatro Nacional, donde se realizó el juramento de los ministros. Pero antes del acto abandonó el recinto. Y más tarde, cerca de la medianoche se reunió por largas horas con Castillo, sin que hubiera una resolución hasta ahora.
Quedó claro: esa estrategia del régimen fracasó. Aunque, finalmente, llegue algún garante del orden, como el propio Francke, la auto-anulación del nuevo gobierno ya no ocurrió. Pero antes de que el Ejecutivo se afirme, deberá lidiar con los planes “B”. Hay varios.
Algunos piden que Castillo simplemente deshaga, en cosa de horas, todo lo hecho y se someta a las exigencias del régimen, bajo amenaza de ser derrocado. Otra opción es negarle la confianza al gabinete en el Congreso. Pero esa jugada es arriesgada. Después de dos votos de desconfianza, el presidente debe disolver al parlamento y convocar a nuevas elecciones legislativas. Es dudoso que la correlación fuerzas favorezca a la reacción en esos comicios.
De lo otro, ya se habla: un golpe militar. A eso apunta la campaña de acusaciones y tentativas judiciales. La fiscalía ya pidió la prisión preventiva para Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, bajo acusaciones de irregularidades administrativas, durante su gestión como presidente de la región de Junín. Otra veta es el intento de inmiscuirlo en otras tramas de corrupción que están siendo investigadas.
Se pretende, a través de un acoso judicial, golpear al nuevo gobierno y crear las condiciones para la destitución de Castillo. El Congreso, sin embargo, sólo podrá proceder si cuenta con el visto bueno de las Fuerzas Armadas para lo que vendría después: proteger al gobierno que reemplace a un presidente al que se le escamoteó la victoria durante semanas y derrocado a los pocos días.
No es Castillo al que temen. Es al pueblo.