En el 2020, los camioneros hacían un paro a su medida y eran protegidos por carabineros. Su movimiento era auspiciado por los mismos políticos del régimen. El gobierno para “parar” el paro envió 13 proyectos al Congreso y le llamó “Ley Juan Barrios”, buscando “resguardar el Estado de derecho y la lucha contra el terrorismo”.

Esta “ley Juan Barrios”, actualiza el Código Penal en materia del delito de incendio incluyendo sanciones para los incendiarios de vehículos motorizados, edificios e instalaciones, entre otros. Amplía los lugares o bienes, cuyo incendio intencional, configuraría el delito de incendio de lugar habitado; incluyéndose entre otros, el siniestro intencional de vehículo motorizado, instalación sanitaria, de almacenamiento o transporte de combustibles, de distribución o generación de energía eléctrica, portuaria, aeronáutica o ferroviaria, lugar habitado u otro lugar, medio de transporte, instalación o bien semejante en que actualmente hubiere una o más personas, siempre que el culpable haya podido prever tal circunstancia.  De lo que se trata esta ley es de tratar de tomar todo lo que se pueda y castigar a las personas duramente, por si hubiese otro estallido social, en la Araucanía o en cualquier manifestación. Además, algunos puntos fueron discutibles, lo que implicó que sean llevados a comisión mixta, como: el que incluye a quienes que con “violencia o intimidación retuvieren o tomaren el control de vehículos de dos o más plazas”, serán sancionados con penas aflictivas mayores. También, si se cometen contra “recintos o vehículos policiales, se aplicará la pena de presidio perpetuo o perpetuo calificado”. O el que dice que “si se ejecutare el incendio en recintos o vehículos policiales en los que actualmente hubiere una o más personas, siempre que el culpable haya podido prever tal circunstancia, se aplicará la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo”. Estos últimos puntos, son polémicos, como toda la ley, pero incluyen a recintos y vehículos policiales en el ruedo.

La gran inversión en recursos destinados a mejorar la vida de los camioneros, no tiene porque ser hecha con recursos del Estado, pues trabajan en forma privada y deben ser sus empleadores o el mercado quien le de mejoras. Esas son las leyes económicas que funcionan en cualquier trabajo, así como los peligros inherentes. Si queman un camión, éste debe estar asegurado. Si atacan a un camionero, hay leyes para ese caso. En este sistema capitalista, según siempre manifiestan, todo opera con la oferta y la demanda, si se arriesgan a llevar madera o mercancías en áreas peligrosas, es que están ganando más dinero. El problema es que no “quieren perder ni pan ni pedazo”, y cuando tienen problemas acuden al Estado que le solucione los problemas, pero cuando están bien el Estado es malo y no funciona. Lo inquietante, es que el Congreso sigue funcionando con los mismos paradigmas antiguos, defendiendo sus intereses y del régimen. Siguen llevando adelante leyes que el gobierno propone, y que solamente son medidas para proteger a sus aliados, gastar dinero en cosas innecesarias y legislar represivamente.