Así no más con la honra del ejército de Chile. Chorros todos. Ana María Pinochet y su marido el ex general Juan Miguel Fuente-Alba, como buen matrimonio, actuaron de consuno en todos sus negocios. Contigo pan y cebolla como reza el dicho, aunque claro, en este caso, contigo champán y caviar sería más acertado.
La trama es sencilla. De acuerdo a la investigación del ministerio público, el matrimonio hacía uso personal de dineros correspondientes a gastos reservados. O sea dineros provenientes de caudales públicos, con lo cual se configuraba el delito de malversación, para invertir con ellos y hacer crecer sus fortunas personales. En efecto, usaban esos recursos en inversiones, contratos y gestiones con ánimo de lucro, con lo cual se configura el lavado de activos.
En el caso de esta Pinochet, el persecutor penal, sostiene que la pareja del ex comandante en jefe aumentó su patrimonio en un 281% en un período de siete años.
Para lavar el dinero, el creativo matrimonio tenía diversas modalidades. El fiscal José Morales habla de ocho. Entre ellas, la compra de acciones en firmas como Banco de Chile, Copec, Latam, Soquimich, entre otras. Así como operaciones de compra y venta de automóviles de lujo. En ese listado figuran autos de la marca Audi y Porsche. Y una serie de operaciones de compra y venta de inmuebles, también como presuntos mecanismos para el lavado de dinero.
A petición del ministerio público, solicitud que fue aceptada por el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se fijó como medidas cautelares la obligación de la fijación de domicilio y arraigo nacional. Es el trato adecuado para la «gente de bien», porque cuando el imputado patea un torniquete con un perjuicio fiscal irrisorio y por una causa justa, va preso.
Que natural resulta entonces desconfiar de la justicia. Es claro que el Derecho está construido para ellos, los Fuente-Alba y los Pinochet, y contra otros, los que se manifiestan contra el régimen, los que luchan por sus demandas.