Cali ha sido una de las ciudades donde más represión ha habido en estos tres meses de movilización en Colombia. Esto, porque Cali es la ciudad donde más fuerte ha salido el pueblo a tomarse las calles. Además, la capital del Valle del Cauca es punto crucial en la ruta de uno de los principales negocios de la clase política colombiana, la droga.
Ciudadanos caleños solicitaron al Consejo de Estado, el máximo tribunal de la república, suspender el llamado decreto “de asistencia militar” recurrido por Iván Duque para disponer a los militares en el control de las movilizaciones populares. Su preocupación fundamental, terminar con los bloqueos de ruta que han golpeado duramente al capital colombiano.
El alto tribunal les ha dado la razón “por considerar que pone en riesgo el derecho fundamental a la protesta”. En su fallo, suspendió el uso de la figura que permitía a alcaldes y gobernadores solicitar que el Ejército disolviera las manifestaciones que alterarán el orden público.
Según el Consejo de Estado, esta oportuna figura, la de “asistencia militar” amenaza el derecho a la protesta “porque los hechos que se mencionan como perturbadores del orden público tienen que ver con disturbios internos, con seguridad ciudadana, con la protección y control de civiles, funciones que están a cargo de la Policía por mandato constitucional, mas no de las Fuerzas Militares”, argumentó la Corte.
El alto tribunal además agregó que “si bien pueden presentarse hechos de violencia y, para restablecer el orden, la Policía puede realizar, por ejemplo, detenciones preventivas, una cosa es perder la garantía de seguir participando en la manifestación y otra, muy distinta, perder los demás derechos reconocidos en la Constitución, como la vida, la integridad y el debido proceso”.
No es el primer caso en estos meses en que la Justicia le da la espalda a Duque. Es que como todas las instituciones del régimen, ella también tiene su techado de vidrio. De los casi cien casos de asesinados durante las protestas y de los cerca de 4500 (a inicios de julio) casos de violencia policial contra la población, las cifras de uniformados procesados son mínimas.