“El Gobierno, junto con reafirmar su compromiso irrestricto con el respeto y protección de los Derechos Humanos de todos, ha promovido una política de transparencia y colaboración con las investigaciones del ministerio público”, señalaron desde Presidencia respecto de su comparecencia.

¡Pero no! ¡Que quede claro! No es en calidad de colaborador de la justicia, ni siquiera de testigo, que declaró Piñera este lunes ante la justicia, sino como imputado de los delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado y su aparato represivo contra el pueblo durante los días de movilización nacional a fines de 2019.

El mandatario “aportó”, según señalaron algunos medios que dicen hablar con la verdad y nada más que con la verdad, desde su domicilio ubicado en la comuna de las Condes, acompañado de su abogado, el PPD y representante, también, de Ponce Lerou, Samuel Donoso.

Claramente, Donoso le dio un consejo arriesgado a su cliente. Lo que los abogados le recomiendan a los sospechosos de un crimen grave se resume en el famoso aforismo jurídico: “¡muere piola, CTM!” Los acusados tienen derecho a guardar silencio y, además no están obligados a decir la verdad. Es decir la ley supone que ninguna persona se va inculpar a sí misma. Pero eso no significa que puedan mentir como quieran, porque eso también en un delito. Es algo que Piñera y su defensa no deberían olvidar.

La querella fue presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos y el senador Alejandro Navarro. En la misma causa, fueron citados a declarar el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, el Ministro del Interior, Rodrigo Delgado y el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.

Cabe también recordar, que el día 2 de julio el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó el sobreseimiento que solicitaron las defensas de los imputados antes señalados.

Y podríamos suponer que ahora que el gobierno, en pleno proceso de expansión de la variante Delta del Covid19, abre las fronteras, no se le hará muy tentador a Piñera salir a pasearse por el mundo luego de la denuncia por crímenes de lesa humanidad que hicieron en su contra ante la Corte Penal Internacional, el juez Baltazar Garzón entre otros.