Las protestas del pasado 11 julio terminaron ese mismo día, con la resuelta respuesta del pueblo revolucionario. Tras el fracaso de convertir las manifestaciones en un “estallido social”, Estados Unidos pasa a la represalia, las amenazas y la agudización del bloqueo.
El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones en contra del ministro de Defensa de Cuba, Álvaro López Miera, acusándolo de ser responsable de la “desaparición” y “tortura” de centenares de personas tras las protestas del domingo 11 de julio. En un comunicado, el presidente Joseph Biden amenazó: “esto es sólo el inicio”.
El castigo específico en contra del general López Miera, uno de los jefes de la misión internacionalista en Angola, es sólo simbólico. El Departamento del Tesoro congelará los activos -inexistentes- de López Miera en Estados Unidos, en el marco de la llamada Ley Global Magnitsky.
Al mismo tiempo, Biden reconoció que se “revisarán” la política de remesas de dinero de emigrantes cubanos en Estados Unidos hacia la isla. El ex Trump había, antes de la finalización de su mandato, aumentado las medidas de bloqueo en contra de Cuba, incluyendo el envío de dinero.
Desde entonces, la administración no ha modificado esa política.
Las represalias se asemejan a una venganza por el fracaso del intento de desestabilización, luego de las protestas, en diversos puntos de la isla, del 11 de julio. Desde entonces, los medios de prensa y los cuentas bots en redes sociales no han cesado en su agitación, pese a que no logran convocar a nuevas manifestaciones.
El gobierno cubano calificó las acusaciones en contra de Cuba como “calumniosas”. Las autoridades declararon que Cuba no hay desaparecidos ni torturas, y demostraron que las supuestas listas de personas con paradero desconocido y, supuestamente, detenidas por las fuerzas de seguridad, son falsas.
El canciller Bruno Rodríguez respondió que Estados Unidos “debería aplicarse a sí mismo la Ley Magnitsky por los actos de represión cotidiana y brutalidad policial que costaron 1.021 vidas en 2020.”