Francisco Hernández Riquelme, es un joven que fue inculpado de lanzamiento de bombas molotov por pacos encubiertos, que filmaban las grabaciones con sus celulares y andaban incentivando que se incendiara. Las pruebas que tienen son el testimonio de los mismos pacos, pruebas montadas, y grabaciones donde no se aprecia que Francisco tira las molotov. Se le hizo las pericias para ver si tenía rastros de acelerantes y fue negativa, los guantes que presentaron como evidencia no eran los que portaba ese día. Como vemos, el fiscal actuó políticamente con los jueces, o bien fue juzgado y tuvo mala suerte.
Otros hechos, que no se tomaron en cuenta es que Francisco Hernández fue torturado en la 33º comisaría de Ñuñoa y obligado a firmar documentos que lo inculpaban de los delitos de que lo acusaban. Nada de esto se investigó.
El fiscal Álvaro Pérez, jefe de la fiscalía Ñuñoa-Providencia, trató de aplicar el máximo rigor por el lanzamiento de artefactos incendiarios del tipo bombas molotov, pedía una condena de 20 años. Este fiscal, que más que atenerse a las pruebas, planteó que debía ser castigado por lo que se presume que hizo, quizás porque así quedó prefijado en las sesiones de seguridad de la municipalidad de Providencia donde participa y que son políticas, más que profesionales.
Francisco Hernández fue el primer condenado por los sucesos del estallido social, por esa razón el gobierno y todas las diversas estructuras que maneja, promovieron en dar un ejemplo para infundir miedo y terror entre las personas. Esta calaña política, es la misma que castigaba a los que luchaban en contra de la dictadura militar. El martes la justicia ha rechazado la apelación de la condena.
Así las cosas, va siendo claro que para hacer justicia, no bastará sacar a los prisioneros políticos de las cárceles, sino perseguir a todos los que han intervenido en esa cadena política de culpar y castigar a los manifestantes. Todos van a caer, no les quepa duda.