Parece ser que la justicia en Chile no funciona, el mismo fiscal nacional lo dice, es imposible saber cuántos presos son parte del estallido social. Ponen la burocracia en juego, hay que analizar caso a caso para no equivocarse, como si los que escuchan fueran estúpidos y no se dieran cuenta que se niegan a realizar dichas tareas para no perjudicarse, no tener problemas y asegurar que la política siga haciendo uso de la justicia a su arbitrio.
Ahora resulta que Abbott, es un ignorante, dice no entender qué es un estallido social, qué es una manifestación social, pero bien que entiende qué es maltrato de obra a carabineros, resistencia al arresto, materiales explosivos, que es lo que ha ocurrido cuando carabineros ha detenido a manifestantes y les ha puesto pruebas falsas, eso si lo entiende y no hay discusión.
Le podemos simplificar las cosas, desde la perspectiva clara que tiene que los pacos van a controlar el orden público por el estallido social, entonces todo lo que pasa al otro lado responde al estallido social. Y empezando a averiguar cuántos presos hay en las manifestaciones, puede tener la primera cifra de aprehendidos en el estallido social. Y así sigue desglosando, cada cosa que pasó y llegará a una cifra en dos días. Voilà. Si está muy estresado y tiene flojera, puede pedir cifras de organizaciones de derechos humanos, de los pacos, investigaciones y otras, y sacar conclusiones.
La defensoría penal pública parece ser más laboriosa, pues dice que entre el 7 de octubre del 2019 y el 10 de diciembre del 2020, hay 39.904 causas que corresponden a desórdenes público, maltrato de obra y amenazas a carabineros, delitos de daños simples. Hay 4.075 que tienen decreto de prisión preventiva.
A esta justicia todavía le queda a la perfección ese pasado en que siempre actuó en concomitancia con la dictadura militar, juzgando políticamente a los opositores y manteniéndolos en las cárceles. Hoy no ha cambiado, son parte de una maquinaria bien aceitada donde unos proponen leyes que castigan al pueblo, otros la avalan y otros juzgan con ellas, y todo dentro de una legalidad. No dicen que las leyes son políticas, avaladas por los partidos políticos y juzgadas por jueces políticos. Si todo eso es así, no hay duda que los presos juzgados de esa manera, son presos políticos.