El gobierno de Iván Duque y la clase política sabe que se avecina una nueva asonada popular este próximo martes 20 de julio, día de la independencia nacional del vasallaje español. Ahora, el pueblo está decidido a sacudirse de la clase que los oprime. Duque ha anunciado el establecimiento de un Puesto de Mando Unificado para verificar las medidas represivas que tendrá que tomar este martes crucial.

Con la medida, quieren “coordinar con todos los alcaldes y gobernadores y mandos de policía y militares del país porque nuestra prioridad es garantizar la seguridad de todos los ciudadanos”, señaló el gobierno a través de su ministro de Interior, Daniel Palacios.

Para el Valle del Cauca, centro de la represión durante estos casi tres meses de lucha, la gobernadora, Clara Luz Roldán, anunció  un cierre de fronteras hasta el 22 de julio a la media noche. No se moverá una mosca sin que ellos lo quieran, suponen.

Con ello, quieren se garantice la “convivencia pacífica y evitar el riesgo de alteraciones del orden público, así como disminuir la velocidad de contagio del covid-19. A ello, se agrega un toque de  desde mañana lunes 19 hasta la madrugada del día miércoles 21.

 “Junto a nuestra Fuerza Pública haremos acompañamiento a las movilizaciones sociales programadas para garantizar la protesta pacífica y la seguridad”, afirmó. ¡Seguro, quieren cuidar a la población!

En Bogotá, la alcaldesa, Claudia López y el Ministro de Defensa, Diego Molano, han anunciado se aplicará todo el rigor de la ley contra quienes realicen atentados que interfieran con “la protesta pacífica”, para ellos se desplegarán cerca de 6.200 policías y alrededor de 3.000 militares.

Además, para monitorear el movimiento del pueblo, el régimen a través de sus ministerios de Defensa e Interior, han venido realizando “consejos de seguridad” en Bogotá, Pereira, Medellín, Calí, Barranquilla y otras ciudades para “adelantar” los riesgos y definir protocolos para evitar los disturbios.

Desde hace días en Bogotá se han desplegado las fuerzas de represión para vigilar quién entra y sale de la capital.  “Al primer hecho de violencia nuestra Policía Nacional tiene la orden de intervenir según los procedimientos y protocolos establecidos en la constitución y la ley” amenazó Aníbal Fernández de Soto, secretario de seguridad de Bogotá.

Como una muestra de buena crianza, en medio de tanto preparativo represivo, el gobierno se ha reunido un par de veces con las Mesa Nacional de Garantías para la Protesta Pacífica en Bogotá, Pereira, Cali y Medellín. No obstante, no ha olvidado reiterarles que “la manifestación pacífica no justifica la alteración del orden público”, por lo que no lo tolerarán.

“En la concepción del Gobierno, la manifestación pacífica no constituye la alteración del orden público (…) Se debe garantizar la seguridad de los manifestantes, de que se puedan manifestar tranquilos y lo puedan hacer dentro de la ley. Pero también existe la obligación de que quienes propaguen un comportamiento delincuencial tengan que pagar las consecuencias”, aseguró Palacios.

El gobierno teme. Teme que este 20 de julio saldrán nuevamente a las calles a gritar con furia los colombianos por su segunda independencia. Temen que luego del 20 una estela de poder popular se alargue en un infinito ir hacia adelante, que termine por incendiar los restos de un régimen ya muerto.