En una nueva acción de la campaña por la liberación de los presos del levantamiento popular del 18 de octubre, un grupo de familiares se manifestó en la Plaza de Armas. Madres de presos políticos se encadenaron a las puertas de la catedral santiaguina. Un piquete de Fuerzas Especiales reprimió duramente a las personas que protestaban en el lugar. Golpearon y empujaron a mujeres, y, en medio de los reclamos de una muchedumbre, detuvieron a 11 personas.

Entre los detenidos había dos convencionales constituyentes que habían acudido a solidarizar con los familiares. Su arresto motivó un recurso de amparo, que fue concedido por el juez del séptimo juzgado de garantía de Santiago, Daniel Urrutia. Mientras, el vicepresidente de la convención, Jaime Bassa, se apersonó en la Tercera Comisaría para exigir la liberación de los constituyentes.

Finalmente, todos los detenidos fueron puestos en libertad. Según la fiscal Macarena Cañas, quedaron apercibidos bajo los cargos de “desórdenes públicos”. Esa actuación es de rutina, aunque el arresto seguramente fue más breve de lo común, debido a la intervención del juez de garantía. La fiscal no mencionó la resolución judicial, emitida por el mismo magistrado, que obliga al Ministerio Público a abrir una investigación por el delito de detención ilegal.

Durante la dictadura, la presencia de funcionarios o personalidades internacionales ayudaba a aminorar la represión, pero no a impedirla. Ahora, los convencionales pueden, a duras penas, cumplir un papel similar. Lo que no se evitar es que se repita el mismo patrón: los criminales atacan a quienes los denuncian, amparado por un amplio sistema de complicidades institucionales.   

Y lo que tampoco cambia, lamentablemente, es que sean las madres del pueblo las que luchen y se sacrifiquen, mientras otros, acaso más encumbrados, son objeto de cuidados y defensas oportunas.