¡Apareció de nuevo! Luego de varios meses en que se había hecho escaso por alguna razón, José Miguel Vivanco, director para “las Américas” de la ONG Human Rights Watch, volvió con todo. La ocasión es, por supuesto, Cuba. ¡Detenciones arbitrarias! ¡Decenas de ellas! ¡Un llamado “criminal” del gobierno a defender la revolución! ¡Y la señora Bachelet no ha dicho nada!

Vivanco está inspirado, para no decir excitado. Finalmente este representante de un organismo, se supone, de defensa de los derechos humanos, puede… pues, defenderlos. Porque los últimos dos años se ha pasado defendiendo a los violadores. Los golpistas en Bolivia, la represión en Ecuador, los asesinatos en Colombia. Todo eso, para Vivanco, ha sido motivo de “preocupación” en unos casos o de silencio, en otros.

Por ejemplo, las ejecuciones de manifestantes en Colombia las atribuye a “fallas estructurales muy profundas” en la policía, no a la decisión del gobierno de reprimir al levantamiento popular en ese país. El juicio a Áñez en Bolivia le parece no un proceso destinado a hacer justicia por los crímenes cometidos, sino mera “revancha”.

Y en el caso de Chile, fue invitado por el propio Piñera para que estableciera un informe que, convenientemente, lo blanqueó de la acusación de violaciones “sistemáticas” de los derechos humanos. Y ahora, sirve de portavoz del dogma oficial de que en nuestro país “no existen” presos políticos.

Demasiado oportuno, demasiado útil, se podría decir. ¿Qué hay detrás de todo esto?

La labor humanitaria, de defensa y ayuda a los perseguidos, reconozcámoslo, es una tarea muy difícil. ¿Cómo ser neutral en un conflicto entre opresores y oprimidos? ¿Cómo ser objetivo o imparcial o “técnico” cuando unos asesinan y torturan y otros son asesinados y torturados?

No es fácil. Pero los organismos internacionales de derechos humanos descubrieron una manera de salvar esa contradicción: dirigir su atención a lugares alejados y remotos. La distancia, entonces, ayudaría a aminorar el problema.

La distancia es útil, pero más importante es la equidistancia. En el período de la guerra fría, organizaciones respetadas como Amnesty International podían denunciar a los escuadrones de la muerte en Centroamérica, a la DINA-CNI en Chile, a la policía sudafricana, es decir, a organismos que perseguían a miles y centenares de miles de personas. Pero, a cambio, debía, con exactamente la misma fuerza, exponer la situación de decenas de opositores en la Unión Soviética, como si fuera lo mismo.

A la distancia y la equidistancia hay que agregar el condicionamiento: hay que saber distinguir qué le toca a quién. Si alguien se levanta a luchar en contra de la opresión y es encarcelado y torturado, se le puede proteger menos que a alguien que sólo fue objeto de una represalia aleatoria.

El punto es que Human Rights Watch simplemente se pasa. Nació como un organismo dirigido a recoger información sobre el bloque soviético y, con el tiempo, fue expandiendo su alcance.

A diferencia de Amnesty, por ejemplo, no busca hacer presión para liberar presos políticos apelando a la opinión pública y a la conciencia humanitaria. Al revés, les entrega información a gobiernos para que ellos lo hagan. Ese, lo reconocen abiertamente, es su enfoque a la defensa de los derechos humanos.  

En este punto, ya parece obvio que los del Human Rights Watch trabajan para Estados Unidos. Pero eso no es del todo exacto. Trabajan, más bien, para cualquier gobierno, que alineado con Estados Unidos, requiera de sus servicios. Si es Arabia Saudita, como se descubrió en 2009, cuando sus principales directivos realizaron una gira de recaudación fondos por ese país. En América Latina comienza a ocupar un lugar similar a la OEA y su también inefable Mr. Almagro. Una “organización no gubernamental” bastante gubernamental, junto a la “Organización de Estados Americanos” que lo es de uno solo: muy oportuno.