Hace 50 años, se estableció el 11 de julio como el Día de la Dignidad Nacional, en homenaje a la nacionalización de la gran minería del cobre. Sin embargo, desde entonces, ha habido pocas razones y ocasiones para celebrarlo.
La nacionalización del cobre fue aprobada de manera unánime por el Congreso Nacional. En la Plaza de Los Héroes de Rancagua, el presidente Salvador Allende proclamó la recuperación de los recursos naturales usurpados, junto a los mineros de la mina El Teniente.
La nacionalización fue la culminación de un largo proceso de luchas, en que se enfrentaban los intereses serviles al capital extranjero y los trabajadores. Bajo el gobierno de Frei, se impulsó la llamada “chilenización”, un sustituto de una auténtica recuperación de los recursos nacionales, mediante un fórmula acordada con los capitales extranjeros. Ese mecanismo era alentado por la propias mineras estadounidenses que explotaban el cobre en Chile. La economía capitalista se aproximaba a una gran recesión y, más importante, al cierre del gran período de expansión económica de la posguerra. Los precios estaban cayendo, las necesarias nuevas inversiones también. El plan de la Democracia Cristiana, en conjunto con Washington, era salvar las posesiones de los capitales estadounidenses mediante futuros aportes estatales.
El gobierno de la Unidad Popular, empujado por un gran movimiento nacional, opuso a ese esquema fraudulento una política de dignidad nacional: la expropiación de las empresas mineras y su indemnización mediante el descuento de las utilidades excesivas. Así, la Anaconda y la Kennecott, que explotaban Chiquicamata y el Teniente, las dos mayores minas, incluso quedaban debiendo al Estado chileno.
Aunque la política era distinta, la situación general no había cambiado. El Estado chileno entró en negociaciones con las mineras, que estaban dispuestas a llegar a un arreglo, hasta que el gobiernos de Estados Unidos decretó el inicio de una guerra económica en contra de Chile.
El golpe de 1973 tuvo como consecuencia primera el pago de las indemnizaciones a las compañías norteamericanas. La dictadura mantuvo en lo esencial el control estatal de la producción del cobre, y usó esos recursos para mantener el Estado y su propio aparato militar en medio de la ruina económica y el saqueo que promovió.
La reversión de la nacionalización del cobre ocurrió durante los 30 años de Concertación. A inicios de los ’90, enormes multinaciones comienzan a expandir la producción en grandes yacimientos nuevos que comenzaron a competir con las divisiones de Codelco. El Estado no les cobró nada. Pese a que la fórmula usada en la ley de nacionalización fue incorporada textualmente a la Constitución del ’80, las mineras extranjeras y algunas explotadas por grupos económicos internos, no han pagado un solo peso por el cobre que, legalmente, es propiedad de Chile. Tampoco pagan impuestos -o sólo sumas irrisoriamente ínfimas: ¡la principal industria del país ha operado a pérdida durante décadas…! al menos, en los libros contables.
Es esta la política de la indignidad nacional. Es esta una política de la traición nacional. Cuando se habla de que no fueron 30 pesos, sino 30 años, ese robo de las riquezas básicas de nuestro pueblo, ciertamente, está incluido en la larga lista de iniquidades.
Es llamativo que la nacionalización de los recursos naturales no esté presente en los planteamientos de candidatos presidenciales, aun aquellos que prometen “grandes transformaciones”. Tampoco ha encontrado un lugar en la agenda de la convención constitucional.
Se ve que, en este punto, los cambios proyectados se asemejan, en el mejor de los casos, a la política entreguista del Frei de antaño.
Cambios verdaderos, sin embargo, exigen que se respete la dignidad de todo un país. Y sólo cambios de verdad pueden proyectar el futuro de nuestro pueblo.