Que la exigencia de la liberación de los presos políticos se expresara mediante una declaración formal, dirigida a los poderes del Estado, y no mediante otras medidas, fue el resultado de un compromiso que ya se había sellado el 4 de julio, en la inauguración de la convención.
Pero este jueves hubo que cerrar otro acuerdo, luego de que las fuerzas que respaldaban la idea de una declaración no concordaran un texto común. Por eso se votaron dos propuestas. Una del PS, del FA y del PC; otra de la Lista del Pueblo y de los representantes de los pueblos originarios.
En la segunda votación, el margen fue estrecho, 52 contra 48. Pero como ninguna se acercaba a la mayoría absoluta requerida, los partidarios de la llamada “propuesta 2“, de la Lista del Pueblo, se sumaron a la propuesta del PS-FA-PC.
Las diferencias entre ambas versiones son sutiles. Ambas coincidían en pedir la aceleración del proyecto de ley de indulto que se tramita en el Senado e incluir en él a los presos mapuches a partir del 2001. Las dos propuestas piden que se apruebe una adecuación al Código Penal y al Código Procesal Penal de acuerdo a las garantías del convenio 169 de la OIT, que establece garantías especiales para los pueblos indígenas. Igualmente, los proyectos piden la desmilitarización del territorio mapuche, medidas de reparación a las víctimas de la represión, entre otros puntos.
Las divergencias tenían que ver con dos demandas concretas. La propuesta 2 pedía que la convención estableciera una “comisión de verdad, justicia, reparación” y omitía una aclaración que sí hizo la propuesta ganadora: “La Convención Constitucional, sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que, claramente, contravienen el espíritu que guía su trabajo: asentar un camino de paz y justicia social para todas y todos los habitantes de nuestra comunidad política.”
La derecha, justamente, había sido la que insistió en que la convención ni siquiera tenía derecho a emitir una declaración, además de afirmar que “en Chile no existen presos políticos”. Pero ni siquiera logró a convencer a todos sus convencionales a votar contra. Sumó, eso sí, el voto de Felipe Harboe, del PPD, quien, por razones propias, tiene motivos para temer a las condenas a la represión.
La convención volverá a sesionar el próximo martes. Los temas a tratar serán asuntos internos de la asamblea, la organización de comisiones, la ampliación de la mesa, el reglamento, etc.
Si, en cambio, podrá representar los anhelos populares, si podrá lograr el objetivo de la libertad de los presos políticos, no dependerá de ella, ni del Congreso, ni del gobierno, ni de los tribunales.
Pero eso ya lo sabíamos.