La CIDH recomendó “separar” a las Esmad, el escuadrón móvil antimotines y a la policía del Ministerio de Defensa con objeto de garantizar los derechos humanos. En un extenso documento, resultado de su visita hace ya un mes al país a solicitud de organizaciones de derechos humanos, el organismo hizo un balance en el que se verifican las discordancias de información presentadas por el Estado y las reportadas por la sociedad civil.
El organismo constató que «en reiteradas ocasiones» la respuesta del Estado para contener la movilización social «se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluyendo la fuerza letal» además de «graves denuncias» sobre el uso «indiscriminado» de armas de fuego contra manifestantes y personas que no participaban en las protestas, especialmente en Cali, epicentro de las manifestaciones.
Por tanto, la Comisión sugiere separar a la Policía y al Esmad del Ministerio de Defensa para «garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos» y evite las «perspectivas militares» para el trato de la protesta social.
Además, ha advertido la CIDH, la presencia de “civiles armados” que buscaban «intimidar, agredir y hostigar» a los manifestantes. Los paramilitares, muy conocidos por el pueblo colombiano. Uno de los casos con mayor notoriedad fue el ataque contra un grupo de integrantes de la minga indígena que se desplazaba en una caravana por un barrio acomodado del departamento del Valle del Cauca.
La visita de la CIDH no estuvo exenta de polémica ya que desde un principio tuvo la resistencia del gobierno de Iván Duque de ingresar al país a realizar su labor de verificación del respeto a los derechos y garantías del pueblo a la legítima protesta.
En los testimonios recabados por la Comisión, la Esmad ha sido acusada persistentemente de recurrir de “manera consistente” en el uso desproporcionado de la fuerza. Ha sido persistente también la solicitud de la ciudadanía y organizaciones de derechos humanos de desarticular su actuación y presencia en las calles.
Discordancia de cifras
Entre otros hallazgos, la Comisión encontró graves diferencias en las cifras de violaciones a los derechos humanos reportadas por el Estado y las ONG vinculadas al tema respecto de los fallecidos y desaparecidos en los dos meses y medio de protesta social.
La Fiscalía registró hasta el 5 de junio, 51 personas fallecidas. De estas, 21 muertes habrían sucedido en el marco de las protestas, 11 hechos se encontraban en proceso de verificación y 19 ocurrieron en otro contexto. En cuanto a la data manejada por organizaciones civiles, Temblores reportó 4.687 casos de violencia policial, 73 personas fallecidas, de las cuales, 44 estarían presuntamente relacionados con el accionar de la Fuerza Pública y 29 se encontraban en proceso de verificación.
“Del mismo modo, los integrantes de la Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas denunciaron el fallecimiento de 84 personas. De este número, en 28 estarían involucrados integrantes de la Policía, siete serían atribuibles a personas de civil sin identificar y en 43 casos no identificaron a los autores, mientras que 14 estaban en proceso de verificación”.
También hay discordancia entre las personas que sufrieron daños oculares. La Defensoría registró 18, mientras que Defender la Libertad maneja la cifra de 84 casos.