Lo muchachos, supuestamente, habrían provocado los desmanes en las localidades de  Armenia, Filandia y Calarcá, en el departamento de Quindío. Las imputaciones son por homicidio, terrorismo, violencia contra servidor público y concierto para delinquir.

La fiscalía dice que van contra seguro porque tendría información que le permitió a la justicia de Quindío ordenar la retención de los jóvenes, algunos de ellos menores de edad, en un centro de internamientos de menores. Entre otras acciones, habrían intentado tomarse las instalaciones de la estación de Policía, usando bombas molotov y disparando armas de fuego.

No le faltan a la justicia, sus fiscales, policías y funcionarios los “habrían”.

Semanas antes, se capturó a jóvenes en Tumaco (Nariño) y Yumbo (Valle del Cauca). Las pruebas en su contra, estarían consignadas en videos y fotografías en las redes sociales, y en testimonios de ciudadanos que los identificaron como responsables de agresiones a las policías.

Además, un fiscal especializado investiga “un posible” financiamiento de la Primera Línea en el Eje Cafetero y Valle del Cauca, este último epicentro de las manifestaciones del paro nacional de este año.

Pero la Fiscalía no es la única que le sigue la pista. La semana pasada, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación contra el senador Gustavo Bolívar por gestionar recursos para apoyar a los jóvenes de la la Primera Línea.

Habrá que ver si el sistema judicial colombiano, como el nuestro, se permite impunemente extender los plazos de investigación y retener a los movilizados sin fecha de término, para amedrentar y aleccionar a la población a la par que construyen pruebas que con el peso de la verdad, tendrán que caer.