En Honduras, la pobreza y la desigualdad son pan de cada día. Según cifras del Banco Mundial, para antes de la pandemia y los huracanes Eta e Iota, el 14,8% de la población hondureña vivía con menos de 1,90 dólares por día. Y casi la mitad de la población (4,8 millones de personas) con menos de 5,50 dólares al día, la segunda tasa de pobreza más alta de ALC (América Latina y el Caribe) después de Haití.
Las cifras no tienen rostro. Y en Honduras los pobres son millones. También los asesinatos. Aun más si se trata de acallar la voz de los que se organizan. El informe titulado ¿Cuántos más? de la ONG Global Witness con sede en Londres refiere que en 2014 Honduras fue el país que registró más asesinatos per cápita de defensores del ambiente en todo el mundo.
Berta Cáceres, líder indígena de la etnia lenca y defensora del ambiente engrosa esa lista.
En la madrugada del 3 de marzo de 2016, la ambientalista, fue asesinada en su propia casa en La Esperanza, Honduras. Había denunciado, antes de su muerte una campaña de amenazas, intimidaciones y agresiones físicas que buscaban impedir la lucha que lideraba para detener la construcción de la represa Agua Zarca de 50 millones de dólares, sus esfuerzos habían causado retrasos y pérdidas monetarias para Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), la empresa a cargo del negociado. Eso es algo que los capitalistas no perdonan.
La protesta que lideraba Berta se centraba en «la lucha en defensa de los ríos, en contra de la privatización, en defensa de los territorios y de la cultura, y en defensa de la dignidad y la soberanía de este país, que está siendo saqueado por la empresa privada, las transnacionales y este Gobierno tirano dictador que tenemos (Juan Orlando Hernández)», declaró la activista.
Cuando el 2013, EE.UU pensaba instalar otra base militar en su patria, Berta Cáceres lanzó su artillería contra el imperio, la iniciativa es: «un proyecto de dominación y colonización con el propósito de saquear los recursos de los bienes comunes de la naturaleza en la nación centroamericana».
Justicia para Berta
En 2018, siete asesinos a sueldo, siete matones corporativos fueron condenados como autores del asesinato de la lideresa. Sin embargo, no es sino hasta cinco años después del crimen que se condena a uno de los autores intelectuales.
Roberto David Castillo Mejías fue detenido el 2 de marzo de 2018 cuando trataba de huir de Honduras con destino a Estados Unidos, donde compró una casa de 1.2 millones de dólares ocho meses después del asesinato de Berta Cáceres.
El criminal era el presidente ejecutivo de DESA. La compañía ha aparecido vinculada al asesinato de Cáceres, desde el comienzo, como responsable de las cuatro represas a la que se oponía el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), liderado por Cáceres, asesinada cuando tenía 45 años.
Castillo es visto por el Consejo y por la familia de Cáceres como un eslabón en la cadena de mando de la compañía. Ex-agente de inteligencia militar, Castillo fue contratado como presidente ejecutivo por la propiedad de Desa, los Atala Zablah, una de las familias más ricas de Honduras.
Este 5 de julio recién pasado, el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, ha emitido sentencia condenatoria en contra de Castillo. Laura Zúñiga, una de las hijas de Cáceres ha saludado la sentencia y ha recordado una frase de su madre: “Han creído que la impunidad es eterna, se equivocan, los pueblos saben hacer justicia”.