Los constituyentes de la Lista del Pueblo convocaron a una marcha este domingo por la Alameda. Llaman a reunirse el 4 de julio en la mañana frente al Teatro de la Universidad de Chile y “marchar por la Alameda, junto a los ciudadanos y ciudadanas y terminar en las afueras del ex Congreso, donde se realizará el juramento de los constituyentes que el pueblo eligió para escribir y cambiar el futuro de nuestro país.” La convocatoria describe la manifestación como un “acto de homenaje por todos los que murieron, sufrieron mutilaciones y por los que aún viven el tormento de la injusta prisión política”.
El llamado es la culminación, hasta ahora, de una disputa sobre quién tendrá la conducción de la constituyente: el gobierno o la propia convención.
No está definido quién se impondrá, puesto que ninguna de las dos partes puede actuar por sí misma. El gobierno requiere el respaldo del conjunto del régimen, del cual ha carecido en momentos importantes de la crisis. Y una constituyente autónoma está obligada a pedir el apoyo y la movilización del pueblo, para lo cual deberá interpretar sus demandas auténticas y urgentes.
En medio de esta indefinición la disputa ha discurrido por cauces laterales. Las más elementales exigencias administrativas son presentadas por La Moneda como amenazas de extorsión y soberbia. En diversos encuentros, convencionales han hecho ver que el presupuesto asignado por el Ejecutivo para la participación ciudadana -que puede incluir foros, cabildos, asambleas, consultas o plebiscitos- es menor al ítem de “seguridad”, los guardias privados de una empresa perteneciente a un ex guardia de Pinochet.
Tampoco están resueltos, al parecer, cuestiones más domésticas, como el alojamiento y el traslado de los elegidos, lo que revela, una vez más más, la incompetencia del gobierno.
A eso se suman aspectos que pudieran ser simbólicos, tanto para la ceremonia de inauguración, como aquellos demandados por los representantes de los pueblos originarios para, justamente, cumplir esa función.
El gobierno ha pretendido ocultar su incapacidad y el conflicto de fondo con la manipulación. “Hay gente que pregunta si va a haber un espacio para estacionar bicicletas”, se quejó un funcionario. Pero el choque no es por plata ni por las colaciones. Es entre un órgano democrático del Estado, como la convención, y un poder que ha perdido toda legitimación, como el gobierno o el Congreso o el Poder Judicial. Lo han perdido moralmente por los crímenes cometidos o amparados; políticamente, por oponerse al pueblo; jurídicamente, por el plebiscito de octubre de 2020, que despojó de toda legitimidad formal a la constitución de Pinochet; y realmente, por el surgimiento de un poder del pueblo, que se opone y condiciona todas las acciones del régimen.
El conflicto de fondo no ocurre en el antiguo Congreso Nacional, la sede de la convención. Allí sólo se reflejarán, de una manera más o menos distorsionada, las contradicciones reales que existen en la sociedad. Muchos constituyentes se dan cuenta de la situación en que están. Por eso, han levantado demandas populares importantes y se han opuesto a la interferencia del gobierno. Saben que sólo están allí gracias al apoyo y la voluntad del pueblo, y en la medida que cumplan esa voluntad.