A la chilena, Duque quiere una ley contra disturbios

El presidente colombiano “invitó” hoy al Congreso a debatir una ley para castigar los disturbios públicos y el vandalismo. Veremos si allá, como acá, el mandatario tiene su propio Frente Amplio para dar con la mayoría que le permita castigar al pueblo por luchar. Tras dos meses de levantamiento popular, las protestas y enfrentamientos con la policía se mantienen en las principales ciudades del país.

“La gran mayoría de nuestros compatriotas quiere vivir con mayor justicia y dignidad, paz social, orden público y sin violencia. Aprobación de nueva ley Antisaqueos y Antibarricadas permitirá proteger mejor la libertad y el legítimo derecho de reunión y manifestación pacífica de todos”. Con estas palabras, Sebastián Piñera, defendió la aprobación de la ley antibarricadas en Chile.

 “Aprobamos en general porque rechazamos los saqueos y sabemos el daño que han causado a trabajadores/as. La izquierda no debe temer respaldar la protesta social, enfrentar a quienes intenten criminalizarla y a la vez enfrentar a quienes se aprovechan de ella para su beneficio individual” y con esta frase para el bronce,  justificó su voto, y el de su sector, Gabriel Boric para aprobar la iniciativa con que la derecha quiere amedrentar al pueblo por luchar.

«Hoy tenemos que rechazar con claridad la violencia y el vandalismo, y por eso invito a todos los miembros del Congreso de la República a que trabajemos en la próxima legislatura para que tengamos en Colombia una ley moderna anti vandalismo y antidisturbios». Y ésta, tan en el tono, es de Iván Duque, para invitar al Congreso a castigar la protesta social.

Ya van dos meses de movilizaciones en Colombia y el pueblo sigue dando pelea en las calles y barrios populares del país. Ya hemos dicho, el pueblo colombiano se enfrenta al aparato represivo del Estado, a las clases pudientes con sus escuadrones paramilitares y a los lacayos del régimen, los narcos.

Duque señaló que la ley es necesaria «para que no pretendan quienes promueven esas prácticas pasar impunemente por soslayar los derechos de los colombianos». De paso, le tiró las orejas a los gobernadores y alcaldes, porque “la defensa del orden público es una especie de pirámide institucional», y consideró que «actuar donde se presenten disturbios y vandalismo es un deber y no puede ser ni soslayado ni eludido» por nadie.

Y de paso, aprovechó de defender a las policías. «Así como se hace esa exigencia a los miembros de la Fuerza Pública y de nuestra Policía, también como sociedad debemos hacer una clara exigencia en que ningún ciudadano tiene el derecho a agredir a la institucionalidad, de agredir a quien protege a la ciudadanía, de agredir a quien defiende los derechos de los ciudadanos».

Hace la vista gorda Duque, de que en esta pelea, las policías están armadas con las últimas tecnologías para la guerra entregadas por los Estados Unidos durante décadas mientras el pueblo se enfrenta con piedras y palos. Y que la justicia no investiga ni castiga. Y que el terror narco y paramilitar campea en las poblaciones a vista y paciencia de los “guardianes del orden”.

Este martes la organización Human Rights Watch (HRW), señaló haber recibido, denuncias «creíbles» de 81 muertes ocurridas en el marco de las protestas en Colombia. Las cifras reveladas HRW son incluso mayores a las entregadas el lunes por la Ong Temblores y por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el cual señaló que en dos meses de protestas (del 28 de abril al 28 de junio) se han registrado 77 muertes violentas.

Según el Gobierno colombiano, sólo han muerto 25 personas y sólo en tres de los casos se comprobó la participación la policía.