Un listado de más de 300 organizaciones son parte de la denuncia hecha por la Comisión Chilena de Derechos Humanos. El gran número de organizaciones representa el espectro social que se movilizó desde el 18 de octubre del 2019 en adelante y la magnitud que tuvo en el pueblo la movilización.
La denuncia trata de provocar que la fiscalía de la Corte Penal Internacional intervenga e investigue, de manera de enjuiciar y sancionar a Piñera y a todos sus colaboradores civiles, policiales y militares, por crímenes de lesa humanidad llevados a cabo desde octubre del 2019.
Se presentan como antecedentes el cierre de 3050 causas por violaciones a los derechos humanos, que no fueron investigadas, lo que plantea la impunidad de los hechores. Además, tratan de cubrir y manipular los casos, presentándolos como delitos comunes, con el fin de que no accedan a tribunales internacionales y abogan por amnistiar los hechos. La colusión de los que deben hacer justicia con el ejecutivo, demuestra la parcialidad de los mismos y vulneran el derecho al principio de igualdad ante la ley.
Otro punto importante es la gravedad de la represión que alcanzó ribetes que solo se dieron en la dictadura militar. Maltrato, torturas, personas cegadas, heridos y muertos entre la población civil y desarmada, ejecutada por agentes del Estado con el fin de provocar daño y terror a las personas. Todo esto organizado y dirigido políticamente por Piñera.
En definitiva, los tribunales nacionales no harán justicia, queda en manos de tribunales internacionales el hacerla. Se debe aclarar que esto dura años y solo si se procede a dar el visto bueno a la investigación.