En Perú, la espera de la confirmación del triunfo de Pedro Castillo se vuelve insoportable. Y Fujimori está empleando todos los recursos disponibles para impedir la asunción del profesor.
El Jurado Nacional de Elecciones rechazó diez apelaciones de Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori. Los recursos buscaban invalidar mesas favorables a Castillo o lograr el reconocimiento de actas irregulares en zonas partidarias de Fujimori. Las audiencias se realizaron en un ambiente de abierta hostilidad por parte de los abogados de Fuerza Popular, que acusaron a los vocales de “parcialidad” e “infracciones a la constitución”.
Luego de la decisión adversa a la ultraderecha, el único vocal del JNE que había votado en contra de las resoluciones, decidió renunciar a su cargo. Se trata de Luis Arce Córdova, representante del Ministerio Público ante el tribunal electoral. Con su salida, el órgano queda sin quórum legal para sesionar. Arce es investigado por llamado caso de los Cuellos Blancos, una red de corrupción en el Poder Judicial y la fiscalía ligada a Fujimori.
El sabotaje al JNE significa una intensificación de la campaña del fraude lanzada por la ultraderecha. El tribunal aún debe resolver sobre cientos de impugnaciones presentadas por Fujimori, que en todo el proceso de validación de los reclamos electorales ha jugado a la dilación. Por ejemplo, pidió que el JNE revise la totalidad del padrón electoral antes de resolver sobre sus recursos.
Mientras, en las calles, militares y policías retirados se manifestaron en Lima “en contra del comunismo” y en apoyo a la espuria campaña del fraude. El mitin coincide con el anuncio de una investigación en contra de personal militar que había lanzado proclamas golpistas para impedir la asunción de Castillo.
Pero, pese a que juega a ganar tiempo, Fujimori no puede prolongar incertidumbre de manera indefinida. Y ya le llegó una advertencia.
Estados Unidos se pronunció por primera vez sobre las elecciones. Un vocero del Departamento de Estado indicó que estas un “modelo de democracia para la región”. Sin embargo, agregó que “apoyan darles tiempo a las autoridades electorales para procesar y publicar los resultados de acuerdo a la ley peruana”.
Y la presión sobre el profesor y su partido, Perú Libre, también aumenta. Los llamados a esperar las resoluciones de los organismos legales le han dado margen de maniobra al fujimorismo, que vuelve a movilizar sus fuerzas y sus infinitos recursos ilegales.
El pueblo deberá decidir si se lanza a defender el mandato que otorgó a Castillo, aun sin una actitud decidida del candidato y de los dirigentes que le rodean.