Jordano Jesús Santander Riquelme, un repartidor de gas, es uno de los presos políticos del levantamiento popular. Se le acusa de dañar el edificio de la policía de investigaciones y la fiscalía de San Antonio. Hugo Gutiérrez, un funcionario de investigaciones, dice que Jordano intentó atropellarlo, y según su relato “sintió que lo iban a matar”, pese a no tener ningún daño físico. En el juicio, los policías presentaron declaraciones contradictorias del intento de atropello. Además, mostraron un auto chocado, pero que no era el de Jordano. Un cúmulo de inconsistencias. Y sin embargo, el tribunal lo sentenció a la pena de 5 años y un día por el supuesto homicidio frustrado.
En el intertanto existe una querella por torturas, presentada por la defensa y por el Instituto de Derechos humanos que no ha sido dirimida, en contra de los propios funcionarios policiales, por cuyos testimonios ha sido condenado Jordano.
Su pareja Tania, padece de fibrosis quística, una de las razones por la que Jordano protestaba. Con el levantamiento popular se había despertado su conciencia.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso de nulidad de juicio interpuesto por la defensa de Jordano.
Es bien conocida la forma en que policía, jueces y políticos operan en nuestro país, San Antonio no es la excepción. Otra vez, los condenados surgen del pueblo, mientras permanecen en la impunidad los que atentaron contra él. Otra vez, se impone la injusticia.