Un video viral, grabado subrepticiamente, es el objeto del delito, como un cuchillo con la sangre del occiso o un revólver aún humeante. El profesor de historia Aníbal Navarrete expone sobre otro profesor: Roberto Campos que estuvo en dos meses en prisión preventiva por patear un torniquete del metro. La fiscalía pide ocho años de cárcel por aquel hecho. El docente, en su clase, dice que se trató de un “día de furia”. Un alumno, “Agustín”, no está de acuerdo. Cree que “un día de furia” no justifica lo hizo el profesor. El joven concluye, taxativo, “eso se llama desórdenes públicos, y eso es un delito.”
Y en ese momento, el profesor de historia comienza a educar: “tú tienes todo pensarlo en el contexto en el que se producen las cosas. Si hubiera sido un día normal, esa persona no te rompe el metro”. Y explica que los hechos ocurridos se sitúan en el contexto de un acontecimiento histórico: el levantamiento popular del 18 de octubre.
El maestro tiene razón. Exactamente esa es una medida en que se puede medir cómo sucede la historia. “En un día normal”, O’Higgins sigue siendo un terrateniente menor y no un jefe revolucionario. “En un día normal”, Robespierre es un abogado en Arras, y no el más implacable defensor del nuevo régimen que proclama los derechos del hombre y del ciudadano.
Pero más importante para la historia que los grandes hombres (y también las grandes mujeres) es lo siguiente: “en un día normal”, decenas de secundarias de 15, 16 años de edad, estarían juntándose con sus amigas o en clases o camino a la casa. Pero un día 17 de octubre toman por asalto la estación Santa Lucía, ya bajo vigilancia policial. Y al día siguiente, millones de trabajadores santiaguinos no van camino a la casa, a sus preocupaciones o alegrías, a su descanso del fin de semana o a prepararse para una nueva jornada de trabajo, a la cancha con los cabros o a la soledad interminable, a leer un libro o a tomar hasta quedar borrado. No lo hacen. Lo que deciden es hacer historia, a convertirse en sus protagonistas, a descubrir y crear su poder incontenible.
Enseñar eso es la obligación, profesional, contractual, reglamentaria, legal y moral, de un profesor. Quienes pretendan lo contrario, quieren que las escuelas sean centros de adoctrinamiento, en el sentido de la imposición autoritaria de una ideología. Las ideologías de la que estamos hablando en el caso del profesor Navarrete son bien precisas: es la que abogan los apoderados que son funcionarios de Carabineros, los fanáticos religiosos, los pinochetistas, y los funcionarios de ultraderecha del Mineduc y de otros organismos que están embarcados en una campaña en contra de los docentes organizados.
La historia que está detrás de la persecución a Aníbal Navarrete no es si hizo bien la clase o no, o si dio su opinión personal en el aula. Naverrete es dirigente del Colegio de Profesores. Quien lanzó la campaña en su contra es el ex seremi de Educación del Biobío y ex candidato fracasado a la convención constitucional, el UDI Fernando Peña. Se trata del mismo que discurría, desde su cargo oficial, que las niñas tenían un ritmo de aprendizaje más lento que los niños. El mismo que fue denunciado, entre otros, por el propio Navarrete, por armar una operación con funcionarios municipales para presionar a los alcaldes para que se sumen al demencial plan de “vuelta a clases” del Ministerio de Educación.
La respuesta del Colegio de Profesores a este ataque frontal en contra, no sólo de los docentes en el aula, sino de su propia organización, ha sido débil. El presidente nacional del Colegio, hasta ahora, no ha dicho nada sobre el asunto. La presidenta del comunal Tomé del gremio señaló que los profesores tienen “autonomía profesional” para dictar sus materias. “Revisé el video y es una clase de historia, donde el colega está viendo una parte de la historia de Chile que tiene que ver con su ramo, no hay nada que sea digno de ser sumariado”, señaló.
Pero ese no es el punto. El problema es que el señalamiento público, realizado por personeros y parlamentarios de ultraderecha, y las amenazas de sumarios de la Superintendencia de Educación, dependiente del gobierno, buscan atacar a todos los profesores, no a “un colega”. que, quizás se pasó un poquito de la raya o jugó “al límite”.
El problema es que el gobierno y la ultraderecha pretenden establecer un sistema de persecución política e ideológica en los colegios. Llaman a los apoderados que le son adictos a presentar denuncias en contra de los docentes. La historia tiene suficientes precedentes de qué ocurre cuando no extirpan de cuajo estos conatos fascistas. Pero para conocerlos, hay que enseñar y aprender.