En una ceremonia en el Palacio de la Moneda, Sebastián Piñera y dos de sus ministros firmaron el decreto supremo que convoca formalmente a la sesión inaugural de la convención constitucional. Será el cuatro de julio, 110 años después de la apertura del Primer Congreso Nacional, en la misma fecha, en 1811.
El decreto establece que la presidencia provisional recaerá en la secretaria relatora de Tribunal Calificador de Elecciones, Tricel. La funcionaria se limitará a leer el acta de proclamación de la elección de los constituyentes y les preguntará si aceptan asumir esa tarea. Acto seguido, se realizará la elección de presidente y vicepresidente de la convención.
En su alocución, Piñera no se refirió a eso, ni a los otros aspectos del “protocolo” que había hecho circular, y que delegaban en el presidente de la Corte Suprema la misión de dirigir la primera sesión. No quiso reconocer que le dio miedo. Miedo a que el conflicto por unos detalles protocolares escalara. Y que la controversia terminara ¡en el primer día! con una resolución formal de la convención en que se declara autónoma de los poderes del Estado y sólo obligada a la voluntad popular.
Por eso, se dedicó, en su discurso, a enumerar las limitaciones de la convención. No puede “gobernar ni legislar”, porque esa son funciones del gobierno y del Congreso. “Y se seguirán ejerciendo”, agregó, por las dudas. Y remarcó que la convención debe cumplir su trabajo “respetando siempre nuestra constitución y al Estado de Derecho”, en referencia al orden legal pinochetista, repudiado por la ciudadanía en el plebiscito de 2020.
Piñera mencionó como origen del proceso constituyente su llamado del 12 de noviembre de 2019, en la misma noche en que el ejército se negó a un estado de sitio ante las movilizaciones populares. E indicó que su idea fue recogida tres días después en el acuerdo suscrito “por una amplia mayoría de los sectores políticos en el Congreso”.
El acuerdo aquel le es caro a Piñera. Significó la decisión de los partidos del régimen de salvarlo a él y darle continuidad y apoyo a su gobierno. Y sí, fue el origen del proceso constituyente, al igual que el rayado de cancha que se quiere imponer a la voluntad popular. La convención no puede tocar, se repite, el régimen democrático, el carácter de república, los tratados internacionales vigentes, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas, no puede interferir en los poderes del Estado, no podrá acortar el mandato de los cargos electos, debe adoptar sus normas por una mayoría de dos tercios, etc.
Hay un problema, sin embargo, que no vieron. Seguramente influyó la premura y la tensión de aquella noche de noviembre, el desquiciamiento político de los meses que le siguieron. Pero, la verdad, es que no lo vieron. Se les escapó completamente. Lamentablemente para ellos, todo eso que la convención está impedida de tocar, lo que no se puede hacer… sí se puede hacer.
Tan acostumbrados estaban a la defensa del pinochetismo, reflejado en la constitución espuria; tan habituados estaban a usar las normas en provecho propio, que se les olvidó que las constituciones modernas nacen, históricamente, de hechos políticos muy precisos: se rompe con la legitimación monárquica o religiosa, y se la reemplaza por la legitimidad de la voluntad popular, que se declara a sí misma absoluta. Es decir, no admite a nadie por encima o al lado de ella.
La única limitación es la voluntad del pueblo, no la constitución del ’80, ni el acuerdo de los partidos del régimen. Todo eso ya está superado por la situación que ha creado el levantamiento de octubre y por la decisión popular.
La inauguración de la convención significa que, justamente, que todas las materias del Estado quedan bajo la égida de esa asamblea. Si los constituyentes quieren cambiar los quórums, pueden hacerlo; si quieren cambiar el sistema judicial pueden hacerlo, si quieren suprimir el actual Congreso, pueden hacerlo; si quieren destituir a Piñera, pueden hacerlo.
No hay limitación alguna que esté sobre las decisiones que se adopten en esa convención. Ni hay leguleyada que valga para impedirlo. Lo interesante: la convención no puede hacerlo sola, sino porque el pueblo así lo quiere. Y el pueblo chileno ya ha expresado su voluntad y determinación de defenderla. La convención no puede hacer menos que respetar esa determinación.
El único que puede rayar la cancha, es el pueblo. Si no se respeta la voluntad popular, el pueblo la hará respetar.