Apelando a una serie de tecnicismos jurídicos, Carabineros quiere impedir que la ciudadanía y organizaciones de defensa de los derechos humanos accedan al material audiovisual registrado durante las movilizaciones de octubre de 2019. ¿Tienen algo que esconder?
Claro que si. Ha quedado demostrado, justamente, por lo registrado «oficialmente» en esas cámaras, que la actuación de Carabineros contra la población durante los días y meses que transcurrieron al 18 de octubre de 2019, constituye violación a los derechos humanos, y en muchos casos, actos delictivos.
Carabineros ya había perdido esta solicitud en todas las instancias judiciales anteriores. El pasado mes de mayo, un fallo de la Corte Suprema declaró inadmisible un recurso de queja presentado por la institución a través del CDE en contra de la resolución de la Corte de Apelaciones que ordenaba entregar el registro de las cámaras al Consejo para la Transparencia.
Ya antes, el tribunal de alzada también había declarado inadmisible el reclamo de ilegalidad de Carabineros en contra del Consejo para la Transparencia, que había ordenado la entrega de registros de las labores de control del orden público realizadas en comunas de Santiago entre el 18 de octubre de 2019 y 31 del mismo mes de 2019.
Así las cosas, el Tribunal Constitucional, el último salvavidas para Carabineros, deberá resolver “si admite a trámite” esta solicitud y deberá pronunciarse sobre el fondo de la impugnación.
