Con la totalidad de los votos contados, Pedro Castillo es el ganador oficial de las elecciones presidenciales en Perú. El único problema es que lo de “oficial” sigue esquivo. El Jurado Nacional Electoral declaró que no proclamará al ganador antes de que se resuelvan los centenares de impugnaciones presentadas por Keiko Fujimori. En cada día de espera, arrecian los intentos de imponer condiciones y límites al mandato de Castillo.
Pedro Castillo llamó, en una alocución a sus seguidores en Lima, a “mantener la tranquilidad”. “Debemos ser fríos”, exclamó. Hasta ahora, los adherentes a su campaña y la población que lo apoya mantienen la expectación. Están a la espera de qué hacer, cómo defender el triunfo que ellos, en contra de todo pronóstico, hicieron posible. Las exhortaciones de calma del presidente electo, pero no oficialmente proclamado, quizás, lo incluyen a él y al círculo de dirigentes que lo acompaña.
No se les escapa que el régimen les está tomando el peso. Si muestran debilidad en la defensa de su victoria, será más fácil golpear y minar desde un inicio a un futuro gobierno. Desde ya, la prensa apunta a las supuestas divisiones entre Perú Libre y su máximo dirigente, Vladimir Cerrón, y Castillo. Dicen que el profesor se estaría apoyando en el economista Pedro Francke, que se sumó a la campaña de Castillo sólo en las últimas semanas antes de los comicios. Lo hizo de un modo peculiar. En el afán de contrarrestar la campaña del terror del fujimorismo ante los círculos dirigentes del Perú y en el exterior, no sólo negó las evidentes mentiras, sino que declaró nulo, en la práctica, todo el programa que Perú Libre y Castillo habían ofrecido al electorado.
Las intrigas y pugnas internas son habituales en una campaña ganadora, pero lo normal es que no se desaten en medio de una batalla por impedir que la victoria le sea arrebatada al candidato ganador. Es lo que está ocurriendo ahora.
El fujimorismo ya anunció que, si el Jurado Nacional Electoral no acepta sus recursos de nulidad, que buscan voltear el resultado de la elección, insistirán ante los tribunales ordinarios, con nuevas acciones y dilaciones.
En ese contexto, una ratificación oficial de la victoria se daría como una licencia condicionada del régimen, más que la confirmación de un voto democrático. O, incluso, si no hay una respuesta clara y una acción cohesionada del campo popular, se abre la posibilidad de que le escamoteen los votos y el triunfo.
Todo depende ahora de la convicción y determinación férrea de quienes recibieron un mandato popular. Quienes, en medio de una dura batalla, piden sólo “tranquilidad” podrían estar olvidando lo más importante.