Esto fue rápido. Dos días después de la elección con la mayor abstención de la historia de Chile, los diputados ya tienen una solución: votar por los partidos del régimen volverá a ser una obligación. El primer trámite fue rapidísimo y su aprobación, amplia: 105 votos a favor, 33 en contra y nueve abstenciones. La mayoría se compuso de la totalidad de la oposición, además de votos de sectores de la derecha, mientras la UDI y parte de RN se opusieron o abstuvieron.  

La reforma a la constitución que, en la prisa, ignoró por completo a la convención constitucional, ahora deberá ser vista por el Senado. Allí, quizás, se vuelvan a negociar los puntos que fueron rechazados. La derecha se opuso a que los mayores de 75 años, discapacitados y extranjeros fueron liberados de la obligación de votar. De ahí, lo de “universal”. Sin duda, en la mente de la UDI hay miles y miles de venezolanos fachos, jubilados de la fuerzas armadas y no videntes conservadores que, ahora sí, van a salvar al pinochetismo. En la imaginación de los otros partidos, los consabidos perezosos e ignorantes que les deben su adhesión, ahora sí, los van a apoyar. ¡Ah! y como el Estado les paga a los partidos por voto recibido, también significaría más platita.  

Nadie escondió que todos buscan su simple supervivencia. Pero todos trataron de adornar su desesperación con argumentos ya usados. Que no todo son derechos, y que también hay deberes; que la voluntariedad beneficia a los ricos, ya que los pobres, si se les deja, no van a votar; que el voto voluntario incentiva a los extremos vociferantes y deja fuera a la mayoría silenciosa.

Todo esto, presentado como si fueran verdades eternas, indiscutibles y concluyentes. Lo curioso es que, según los diputados, los partidos no tienen ninguna responsabilidad en la situación actual. La culpa es de la gente, dicen ellos.

Los mismos que, en 2012, habían declarado que el voto voluntario era una ampliación de la democracia, ahora declaran su obligatoriedad como una medida necesaria para defenderla. Parece que no han pensado suficientemente sobre este asunto.

El voto obligatorio es la regla en América Latina. En Chile, fue parte de las reformas adoptadas en 1958, bajo el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo y, después, en el inicio del mandato de Jorge Alessandri. El voto obligatorio se sumaba a la cédula única y a la ampliación de los habilitados a votar: hombres y mujeres mayores de 21 años, con excepción de la tropa de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y de los analfabetos. Al ser obligatorio, se reducía el incentivo para el cohecho y el acarreo. Si todos sufragan, no tenía mucho sentido prometer a un grupo específico vino, empanados o dinero a cambio de un voto.  

En los demás países del mundo, el voto obligatorio es la excepción. En Europa, la única nación donde existe, es en Bélgica. Allí, se estableció a fines del siglo XIX, y también fue parte de la ampliación del derecho a sufragio. Como compensación, los propietarios crearon el llamado voto plural: los ricos recibían un voto adicional. Siempre viene bien, dijeron.

Pero lo que está en juego aquí no es la democracia y sus condiciones formales. Lo que ocurre es que la mayoría de la población repudia al régimen político existente y lo expresa absteniéndose. No hay ningún misterio en eso.

En muchos países, la participación electoral ha ido bajando. Puede haber muchos factores e interpretaciones para eso. Pero en Chile, la cosa es clara. Desde fines de los ’90, la abstención no ha dejado de aumentar de manera consistente, con o sin voto obligatorio. Y la abstención es tan alta, que queda claro que no se debe a causas contingentes o anecdóticas, sino generales y profundas.

Ya es hora de que esta gente entienda que, mientras más se busquen cubrir con la “democracia”, más pronto se van a tener que ir a mejor parte; obligatoriamente, por supuesto.