Con el 100% de las mesas escrutadas, se confirma estrecha la victoria de Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori. Sin embargo, la espera sigue: el fujimorismo quiere dilatar la resolución, hasta que se hayan contado las actas con objeciones y los centenares de recursos de nulidad que presentó el partido ultraderechista. Algunos ya pierden la paciencia: un fiscal pidió que vuelva a la cárcel.
50,179% contra 49,821%, 62.774 votos: es el más estrecho de los márgenes, pero confirma la victoria de Castillo. Pero no bastará con ese resultado oficial. La espera se prolongará. El Jurado Nacional de Elecciones deberá resolver sobre las actas de 211 mesas objetadas, por presentar algún tipo de error o irregularidad. Además, debe decidir cómo adjudicar votos individuales objetados por los apoderados de los dos partidos en contienda durante el proceso de conteo. Pero a esta operación de rutina se suma el intento del fujimorismo de retrasar aún más el desenlace, con centenares de recursos de anulación en que se alega fraude “en mesa”, según peculiar expresión usada por sus operadores.
Los ejemplos del supuesto fraude que se han divulgado han quedado desacreditados rápidamente. En una mesa en una localidad rural, tres personas compartían el apellido. Para el fujimorismo, eso sería la prueba de que una familia partidaria de Castillo se habría apoderado de la mesa para falsear los resultados. Pronto, los propios aludidos demostraron con documentos que habían sido sorteados como vocales por el organismo electoral y que no tenían ninguna relación de parentesco. Sólo vivían en la sierra, donde es común que los apellidos se repitan.
Perú Libre, el partido de Castillo, reconoció que el desafío de Fujimori va a dilatar el proceso. En una conferencia de prensa este jueves, sus asesores, en vez de celebrar el triunfo electoral, se dedicaron a refutar los engaños de Fujimori y anunciaron que también presentarán recursos de nulidad a más de 200 mesas.
Mientras, la espera se convierte en máxima tensión. Y, al menos, uno parece haber perdido la paciencia: José Domingo Pérez, el fiscal que investiga el caso de corrupción Odebrecht en contra de Fujimori, la acusó de violar los términos de la libertad vigilada que se le había otorgado debido a la pandemia y que le permitió realizar su campaña electoral. La infracción: tomó contacto con uno de los testigos en el caso, justamente, uno de los miembros del equipo legal que han levantado la campaña del fraude para revertir la derrota en las urnas.
En tanto, el Ministerio de Defensa respondió en comunicado oficial a los llamados de sectores del fujimorismo que llaman al ejército a un golpe de Estado para impedir la victoria de Castillo e indicó que las Fuerzas Armadas se mantendrán neutrales en la disputa.