Los constituyentes agrupados en la “vocería de los pueblos” explicaron que las demandas eran condiciones necesarias para el avance del proceso constituyente. Tienen razón. La liberación de los presos políticos, el fin de la persecución y el castigo a los culpables de los crímenes al pueblo, es una exigencia nacional. Lo mismo ocurre con la necesidad de terminar con el régimen de excepción en el territorio mapuche. Los otros puntos que señalan en la declaración, reparación a las víctimas de la represión y el fin de las expulsiones arbitrarias de extranjeros, son requerimientos básicos para un Estado democrático.
El régimen no puede soslayar esas demandas que, de cumplirse, comprometen, directa y personalmente, al gobierno y sus integrantes, a funcionarios y representantes del Estado, como violadores de los Derechos Humanos.
En otras palabras, se trata de algo elemental. Esto no debiera siquiera estar sujeto a un conflicto político, exceptuando, por supuesto, a sectores muy extremos, que son autores o cómplices o beneficiarios inmediatos de los crímenes.
El hecho de que todo esto sí sea controvertido, tiene que ver con el último punto. Ahí los futuros convencionales mencionan un concepto jurídico muy establecido o, valga la redundancia, convencional: “poder constituyente originario”. Dice la vocería del pueblo que eso es “un poder plenamente autónomo que se establece para reordenar el cuerpo político de una sociedad, teniendo como límites el respeto de los derechos fundamentales”. Hay varios abogadas y abogados en el grupo, así que sabrán de qué están hablando.
En la derecha, saltaron como si les hubiese picado una tarántula. El ex ministro de Hacienda de Piñera, Ignacio Briones, dijo que eso le parecía muy “arrogante”; que llevaba la marca del diablo… no, no, no dijo eso, sino que llevaba «la marca de los totalitarismos y populismos”. Su ex colega en el gabinete, el presidente de RN, Mario Desbordes, quien, como es sabido, complementó su experiencia como oficial de Carabineros con una licenciatura en leyes, ya sabe como va a terminar esta historia. Si la convención sigue esos preceptos “la constituyente estará viciada y el producto sería completamente nulo e inaceptable”, dictaminó. Otro, de la UDI, le puso más color: la convención sería “ilegal e ilegítima”.
Y todos, cosa curiosa, coinciden en que eso está en contra de las “reglas del juego que estableció el acuerdo del 15 de noviembre, en el que trabajamos muchos y transversalmente”, según Desbordes. Y Briones nos explica “las reglas están hechas para defender al más débil. Sin reglas ganará siempre el más fuerte”. Tierno.
En la Concertación, también quedaron de muerte, pero la presidenta del Senado, Yasna Provoste, trató disimular. Dijo que “ningún grupo tiene hoy día la posibilidad de imponer a otro, normas de funcionamiento” y que “se pueden tener aspiraciones” pero las “las reglas del juego”, lamentablemente, ya fijan “un cronograma” y que, a ella, “personalmente”, también le hubiese gustado que la convención pudiera sesionar por más tiempo… un tema que nadie había puesto.
La verdad es que la declaración de convencionales sólo constata lo evidente, lo elemental, lo inevitable y lo necesario. Lo llamativo -y positivo- es que se le dé una expresión política en la propia convención.
Lo que les molesta a los reaccionarios, lo que le asusta al régimen, no son, en realidad, esas exigencias imprescindibles que se han formulado. Ellos saben que no podrán eludirlas. Lo que les causa pavor es simplemente una palabra: poder.
No uno “originario”, sino uno muy real, el del pueblo, erigido en la lucha, construido a partir del levantamiento popular del 18 de octubre, y que está presente en todas las decisiones que afectan al país: no iba a dejar de expresarse, también, en la convención constitucional. Y a ese poder deberán responder todos, tarde o temprano.