Un apremio ilegítimo es un trato cruel e inhumano al que un funcionario público somete a una persona, sin que llegue a constituir tortura. Esto ocurrió en el caso de los dos carabineros que golpearon a un detenido mientras estaba reducido en el suelo, en el sector de Lo Hermida de Peñalolén.
El Tribunal condenó a los policías a 540 días de prisión en grado mínimo, con multas, y pudiendo tener una pena sustitutiva de remisión condicional de la pena. La remisión condicional de pena consiste en la sustitución del cumplimiento de la pena privativa de libertad, por la observación y asistencia de la persona condenada ante Gendarmería de Chile. Es decir, pueden estar libres y sólo ir a firmar.
En el caso del capitán de Carabineros, Hugo Navarro, el 19 de octubre de 2019, pasadas las 21 horas, en el sector céntrico de la ciudad de Ovalle, “prevaliéndose de su carácter público y con la finalidad de castigarlo por desafiar su autoridad, forcejeó, redujo e inmovilizó a la víctima Benjamín Huerta”, para luego efectuar un disparo a corta distancia con su arma de servicio, hiriendo a la víctima cerca de la pelvis.
El Tribunal en este caso, absolvió del delito de homicidio frustrado al capitán y sólo le condenó por apremios ilegítimos, detención ilegal y lesiones graves.
Es interesante comparar como mide la justicia chilena a funcionarios policiales y a manifestantes. Unos reciben penas ínfimas, a veces incluso sin pasar por la cárcel, cuando deberían tener penas altas por el hecho de saber lo que hacen y representar la autoridad. Y los manifestantes, reciben penas no acordes con lo que hicieron, donde además se validan testimonios y evidencias falsas, que atentan contra el derecho. En ambos casos, la justicia juzga políticamente, pero evidentemente lo hace siendo parcial a sus intereses.